Vete al médico… si puedes pagarlo

En España, la ratio de psicólogas y psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes es de poco más de 6, mientras que en la UE es de 18.

“¡Vete al médico!”. Con este grito ha respondido el diputado del PP Carmelo Romero a la intervención del portavoz de Más País, Íñigo Errejón, sobre salud mental en el Congreso. El rechazo a la burla ha sido mayoritario desde el principio, tanto que Romero ha tenido que pedir disculpas.

La polémica ha tapado por completo la reivindicación de Errejón desde su asiento, que pedía “doblar el número de psicólogos en la salud pública” para evitar que sea “un lujo para el que se lo pueda pagar”: “La pandemia de la salud mental no es de la máxima actualidad pero sí es de la máxima importancia”, explicaba.

La Encuesta sobre la salud mental de los/as españoles/as durante la pandemia de la COVID-19 elaborada por el CIS en febrero de 2021, muestra a una sociedad con miedo y con angustia aun a pesar de la esperanza que genera la llegada de la vacuna. Así, 1 de cada 3 personas asegura haber llorado durante estos meses y el 60% de las personas encuestadas afirman tener algún síntoma relacionado con la depresión y la ansiedad. Uno de los datos más crudos que el diputado de Más País ha trasladado al Gobierno ha sido que 10 personas se suicidan cada día en España.

El tabú de la salud mental sigue siendo una constante entre la ciudadanía, que ve cómo sus representantes públicos hurgan en esa herida y pueden llegar a hacer sentir culpable a quien sufre algún tipo de trastorno. El escenario es similar a cuando se trataba de culpabilizar a quienes perdían su empleo en los momentos más duros de la anterior crisis. Aquella vez fue también una diputada del PP –Andrea Fabra– quien gritó “¡que se jodan!” tras anunciar recortes en las prestaciones al desempleo en el mismo Congreso de los Diputados en el que hoy se ha escuchado ese grito despectivo tras la intervención sobre salud mental.

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Desde Amnistía Internacional denunciaron en plena pandemia los recortes sufridos por la sanidad pública, que ha visto cómo el gasto sanitario descendía un 11,2% entre 2008 y 2018. Las cifras se han hecho especialmente sangrantes en el ámbito de los tratamientos mentales y están afectando sobre todo a las personas de rentas bajas.

Así, la salud mental se ha convertido en la “hermana pobre” del sistema sanitario español, según denuncia la Confederación Salud Mental España. Un informe de la organización publicado en 2019 revelaba que en todo el Estado más de un millón de personas adultas sufren algún trastorno mental grave y dos millones habían sufrido síntomas de trastorno mental en ese último año.

A pesar de estas cifras, España solamente dedica el 5% del gasto total en sanidad al ámbito de la salud mental: 80,7 euros por persona. Esto provoca, según datos del Defensor del Pueblo correspondientes a 2018, que la ratio de psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes sea de poco más de 6, mientras que la media en la Unión Europea es de 18.

No se trata de un problema de profesionales, sino más bien todo lo contrario. La psicología es la profesión en la que menos plazas públicas se ofertan cada año respecto de las solicitudes que hay. Para los años 2018-2019, se ofertaron 141 plazas para 4.072 solicitantes, lo que supone una plaza para cada 29 psicólogos y psicólogas. Una ratio 2,5 veces mayor que la de profesiones sanitarias como la enfermería o 14 veces mayor que la de medicina.

Ante esto, desde las Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes denuncian que menos de 1 de cada 3 psicólogosclínicos en España ejercen en la sanidad pública, por lo que piden como mínimo doblar el número de convocatorias públicas que se hacen cada año para evitar listas de espera que, antes de la pandemia, rondaba los tres meses.

Esto acaba provocando que la sanidad privada sea la única solución posible para muchas personas. Un trabajo de Civio señala que una sesión de psicología oscila entre 50 € y 100 €, lo que sitúa a España como el 12º país europeo en el que más habría que trabajar para poder pagar la atención psicológica: 9 horas y 41 minutos (más de un día) para aquellas personas que cobran el salario mínimo.

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Sara Collantes, autora del estudio Salud mental e infancia en el escenario de la COVID-19, de UNICEF, asegura que el problema de la salud mental es algo que incluso ha señalado el propio secretario general de Naciones Unidas y que “se ha convertido en una de las prioridades globales” de la organización. “El asunto no es para broma. La COVID-19 ha evidenciado las carencias que el sistema tenía en todo el mundo y por ello es necesario fortalecer el sistema con carácter permanente”, explica, y urge a que España acelere el proceso de adopción de la Estrategia Nacional de Salud Mental

Collantes considera que comentarios como el del diputado popular solo azuzan la estigmatización que viven las personas que sufren este tipo de trastornos: “Es muy grave, porque mientras exista esta estigmatización no se pueden resolver los problemas”.



Dani Domínguez

La Marea

Créditos a la foto de cabecera: El Pleno del Congreso de los diputados el 24 de Febrero, acoge la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre los datos y las gestiones del Ejecutivo en relación con el estado de alarma. / Imagen del pool gráfico del Congreso de los Diputados

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