Un policía mata a tiros a un malabarista y desata protestas en Chile

Este lunes se convocaron manifestaciones en todo el país después de que el pasado viernes un carabinero matara a tiros a un artista callejero en la ciudad de Panguipulli. Los hechos han reactivado el debate sobre la reforma de las fuerzas de seguridad chilenas.

Un nuevo caso de violencia policial sacude una vez más Chile. El viernes 5 de febrero un carabinero mató a tiros a un malabarista callejero en la ciudad sureña de Panguipulli, 800 kilómetros al sur de la capital. El tiroteo se produjo en un control de identidad al que el joven se había negado.

La escena, que quedó registrada en un vídeo que se hizo viral, muestra cómo tras una discusión, un policía apunta con un arma de fuego a Francisco Martínez Romero, de 27 años, quien arremete en su contra con dos de los sables que utilizaba para su espectáculo artístico. A continuación, el policía le dispara, causando su muerte.

El viernes, poco después de que el vídeo comenzase a circular por redes sociales, se desataron protestas en todo el país, pero tomaron más fuerza en Panguipulli. Se produjeron enfrentamientos con la policía, barricadas e incendios. Durante la tarde, diez edificios públicos, entre ellos el ayuntamiento de la localidad, fueron incendiados.

Las protestas han continuado durante el fin de semana y este lunes se convocaron manifestaciones en todo el país. Una de las más concurridas fue la de Santiago, donde centenares de manifestantes, sobre todo jóvenes, salieron a la calle para protestar por lo ocurrido. “El arte callejero no es delito”, ha sido una de las consignas que se podía leer.  

También este lunes, el agente Juan González Iturriaga, autor de los disparos y detenido el mismo viernes, pasó a disposición judicial y pudieron conocerse más detalles del suceso. El fiscal afirmó que el carabinero disparó seis veces a Francisco, el último de ellos al corazón. “El último proyectil percutido no se encuentra amparado por el derecho y constituye un exceso policial en el uso de la fuerza”, indicó el magistrado del Juzgado de Panguipulli. Según él, el sexto fue “innecesario” ya que Martínez ya estaba afectado por otros dos disparos anteriores que había recibido en sus piernas.

El tribunal dio por buena la tesis de la Fiscalía, acreditó la investigación por homicidio simple y decretó el arresto domiciliario del imputado. El abogado defensor sostuvo el argumento de la “legítima defensa” del agente, mientras que los querellantes particulares, uno en representación de la hermana de la víctima y otro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), rebatieron esa tesis con el razonamiento de que en el momento del disparo “letal” –como lo calificó el fiscal– la víctima ya se encontraba en el suelo. 

Reforma policial pendiente

En su versión de los hechos, Carabineros, el cuerpo policial militarizado del país, siempre ha insistido que existió “un peligro inminente” para la vida del policía. El Gobierno, por su parte, ha hecho énfasis en los desperfectos provocados en la infraestructura pública a causa de los disturbios y ha condenado la violencia de los manifestantes, pero no la policial, de la cual, dice, espera los resultados de la investigación.

“De la misma manera que hemos pedido que se juzgue el comportamiento de los policías, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que las personas que quemaron la Municipalidad y las oficinas públicas se enfrenten a la justicia y reciban las sanciones que se merecen”, dijo el presidente Sebastián Piñera antes de manifestar su apoyo a Carabineros.

La oposición, en cambio, ha sido contundente a la hora de rechazar la actuación policial. Ha condenado los hechos y exige que se retome el debate sobre la reforma de la policía, un proyecto de ley que se encuentra paralizado en el Congreso y sin avances reales.

“Condenamos enérgicamente este crimen”, dijo el Partido Socialista, que también criticó el “uso desproporcionado e injustificado de la fuerza”. “No fue un incidente, fue un asesinato. No es un hecho aislado, la brutalidad es reiterada. No es aleatorio, es contra el pueblo, es clasista”, publicó en Twitter la diputada comunista Camila Vallejo.

La parlamentaria recordó que, en noviembre, dos niños residentes de un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename) resultaron heridos por disparos de un efectivo de Carabineros, lo que costó el cargo al anterior general director del cuerpo, Mario Rozas.

Antes de eso, otro caso de violencia policial tuvo lugar cuando, en una manifestación convocada en Santiago, un agente empujó a un menor desde un puente hacía el río Mapocho. Francisco Martínez resultó ser tío del adolescente que fue arrojado al río. “Pasar dos veces por lo mismo es muy fuerte, además Pancho murió. Estamos todos shockeados”, lamentó Rocío Caviedes, hermana del malabarista.

Desde el estallido social de octubre de 2019, la institución permanece bajo lupa. En los últimos 15 meses ha sido duramente cuestionada y acusada por organismos nacionales e internacionales de múltiples violaciones de los derechos humanos. Esto se suma a las críticas que ya venía cosechando por una trama de corrupción que involucra el desfalco de millones de dólares. Pese al descrédito, el Ejecutivo no ha dado señales de querer mantener la reforma como una de sus prioridades. Tras los hechos del viernes, ningún miembro del Gobierno hizo referencia al tema.

El control de identidad 

La muerte de Francisco Martínez ha puesto en cuestión también los controles preventivos de identidad, una polémica ley impulsada durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Para la socióloga y experta en seguridad ciudadana en América Latina Lucía Dammert, esta ley “ha generado abusos”. En su opinión, “la policía controla la identidad de aquellas personas que cree que pueden estar vinculadas a un delito bajo la lógica del ellos contra nosotros, de la amenaza que son, para ellos, los jóvenes y miembros de sectores populares, principalmente hombres”.

Según Dammert, en los últimos años se ha pasado de dos millones de controles identidad a casi siete, con niveles mínimos de identificación de personas vinculadas a hechos delictivos. Ante estos resultados y a raíz de lo ocurrido, la coalición de izquierda Frente Amplio los quiere derogar.

El debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad se ha reactivado. La investigación por el homicidio del artista durará cuatro meses y sus avances tendrán impacto en el proceso constituyente que el país acaba de abrir para redactar una nueva Constitución.

Meritxell Freixas

elDiario.es

Carabineros de Chile: Legado de sangre

La clase obrera lucha y madura con la conciencia de que su adversario es más fuerte que ella. Así lo observa de continuo en la vida corriente. Tiene el adversario riqueza, poder estatal, todos los medios de presión ideológica y todos los instrumentos de represión”

León Trotski, Lecciones de Octubre

He aquí una sucinta cronología de los hechos de sangre donde la policía uniformada chilena ha participado activamente como brazo ejecutor del ataque a su propio pueblo.

Desde la génesis

El 25 de diciembre de 1931, durante el gobierno de Juan Esteban Montero, carabineros llevaron a cabo una cacería de comunistas en la ciudad de Vallenar, asesinado a más de 30 dirigentes y militantes.

Durante el segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma, carabineros perpetraron cuatro masacres.

El 27 de abril de 1931 asaltaron el local de la Federación Obrera de Chile donde sesionaban los obreros municipales en huelga. Dejaron cinco muertos y más de 20 heridos a bala y sable.

En junio de 1934 asesinaron a cientos de campesinos en Ránquil, en el Alto Bio-Bio.

En febrero de 1936 atacaron a los obreros ferroviarios que estaban en huelga, dejando a decenas de heridos.

El 5 de septiembre de 1938 asesinaron a sangre fría a 62 jóvenes nazis en el edificio del Seguro Obrero.

En el gobierno de Juan Antonio Ríos, carabineros perpetraron tres masacres, todas en el año 1942.

El 11 de junio, atacaron a campesinos del fundo Llay-Llay, de Purranque, cerca de Osorno, asesinando a dos trabajadores y dejando otros seis heridos.

El 20 de febrero, reprimieron una manifestación que tenía lugar en la Plaza Ercilla de Santiago, dejaron a un obrero muerto.

El 7 de octubre, asaltaron el local sindical de los mineros del carbón de Lota, asesinado a tres obreros y varios más quedaron heridos.

El 28 de enero de 1946 carabineros masacró a los participantes de una concentración en la Plaza Bulnes de Santiago. Mataron a seis, entre ellos Ramona Parra, y dejaron numerosos heridos con balas de guerra.

En mayo de 1946 atacaron a la comunidad Ignacia Nacurray, en Palmahue, asesinando a tres mapuches y varios otros quedaron heridos. Durante aquel mes también reprimieron a campesinos del fundo La Isla, comuna de Fresia. Murieron dos campesinos y cuatro resultaron heridos.

En el gobierno de Gabriel González Videla, carabineros perpetraron seis masacres:

El 12 de junio de 1947 dispararon en la esquina de Bascuñán Guerrero y Alameda contra choferes y cobradores de micros de Santiago que estaban en huelga, con un saldo de 4 muertos y 20 heridos.

El 5 de junio de 1949, atacaron a manifestantes que se encontraban en San Diego con Avenida Matta, dejando 19 heridos, algunos de ellos muy graves. En los días 16 al 20 de agosto del mismo año, carabineros y efectivos del Ejército reprimieron a estudiantes y obreros que protestaban en la capital contra el alza de los pasajes de la movilización. Hubo cuatro muertos y numerosos heridos a bala.

El 7 de noviembre de 1950, estudiantes efectuaban manifestaciones en la Plaza de Armas, fueron atacados por carabineros que dejaron varios heridos a bala.

El 10 de marzo de 1951, carabineros reprimieron a balazos a obreros de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar que estaban en huelga. 36 trabajadores fueron heridos con balas de guerra.

El 1 de julio de 1952, carabineros atacó a estudiantes y obreros que protestaban en las calles de Santiago contra el Pacto Militar firmado por el gobierno de González Videla y Estados Unidos. Hubo un muerto y varios heridos.

Durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez hubo tres masacres perpetradas por carabineros:

El 17 de septiembre de 1956 atacaron a los obreros de la Oficina salitrera Pedro de Valdivia que estaban en huelga, asesinando a tres trabajadores y dejaron a otros 24 gravemente heridos.

El 30 de marzo de 1957, reprimieron a los manifestantes que marchaban por las calles de Valparaíso. El saldo fue de un muerto y varios lesionados.

El 1 de abril de 1957, carabineros dispararon contra estudiantes que caminaban por calle Miraflores de Santiago. Mataron a una estudiante universitaria y varios jóvenes fueron heridos a bala.

Durante el gobierno de Jorge Alessandri, se registraron algunos ilícitos; como por ejemplo: el 6 de junio de 1960 carabineros irrumpieron en el sindicato de los obreros de Madeco que estaban en paro. Veinte trabajadores resultaron heridos de bala. El 3 de noviembre de 1960, en ese mismo gobierno, carabineros reprimieron a manifestantes de la CUT en el centro de Santiago, un obrero y un empleado fueron asesinados.

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en nueve ocasiones, la policía uniformada asesinó al pueblo.

En 1965, carabineros asesinaron a un campesino y dejaron varios otros heridos a bala en el fundo Los Cristales.

El 23 de noviembre de 1967, atacaron una manifestación de la CUT en Santiago, en el marco de un paro nacional contra el ahorro forzoso que quería imponer el gobierno. Siete obreros fueron asesinados y varios otros heridos a bala.

En 1969, en dos oportunidades, reprimieron a pobladores. En Arica el Grupo Móvil dejó a un poblador muerto. En Rancagua, hubo una víctima mortal y varios heridos.

El 9 de marzo de 1969, atacaron a pobladores de Pampa Irigoin, en Puerto Montt. El saldo fue de 11 muertos y varios heridos.

El 28 de agosto de 1969, la represión policial cayó sobre manifestantes en San Miguel, dejando un muerto y varios heridos, siete de ellos graves.

El 11 de septiembre de 1969, carabineros asesinaron en Copiapó a un estudiante.

En 1970, reprimieron a estudiantes en huelga, dos de los cuales fueron asesinados.

El 8 de julio de ese año, un carabinero de civil asesinó a un joven comunista en un acto que se realizaba en la Plaza Tropezón de Quinta Normal, en el marco de un paro nacional de la CUT.

Dictadura de Pinochet 

Cuesta Barriga: el día 16 de septiembre de 1973, en la madrugada, una patrulla al mando del teniente Gerardo Alejandro Aravena Longa e integrada, además, por el sargento 2° Benjamín Seguel Ortiz -actualmente fallecido-, los carabineros Ciro del Carmen González Hernández, Manuel Arturo Lepe Barraza -actualmente fallecido- y Arnoldo Alfredo Valdebenito Sanhueza y por funcionarios del Ejército de Chile, trasladó a un grupo de detenidos hasta la cuesta Barriga, lugar en que los obligó a descender del vehículo que los transportaba y, acto seguido, tras ubicarlos en fila y situarse frente a ellos, dispararon en su contra, abandonando los cuerpos en el lugar.

Caso Laja: en septiembre de 1973, carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores. Los llevaron al Fundo San Juan, donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco proporcionado por la Papelera. En un fallo unánime, el 15 de marzo de 2018 la Corte de Apelaciones de Concepción procesó a tres jefes y un chofer de la empresa del Grupo Matte como cómplices de los homicidios: Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román. Todos ellos cumplieron roles clave en la masacre: dieron los nombres de los trabajadores calificados como “agitadores”, facilitaron vehículos y choferes para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens, y entregaron la cal que se usó para cubrir sus cuerpos luego de asesinados.

Caso Mulchén: el 4 de octubre de 1973, un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Los Ángeles, junto a 3 conscriptos, fueron delegados para ponerse a disposición de la comisaría de Carabineros de la ciudad. Esa comisión acompañada de un teniente de Carabineros y 4 de sus funcionarios partió al sector cordillerano de Mulchén, para buscar una lista de personas opositoras a la dictadura militar de la época. El 5 de octubre la comitiva llegó hasta el fundo ‘El Morro’ y detuvo, sin orden administrativa o judicial a 5 personas, quienes fueron trasladadas hasta el sector ‘La Playita’ del río Renaico para ser ejecutadas y posteriormente hacer desaparecer sus cuerpos. Asimismo, la comitiva llegó hasta los fundos ‘Carmen’ y ‘Maitenes’, donde se detuvo a 7 personas a quienes se les obligó a cavar su propia fosa de muerte, de 6 por 4 metros, para posteriormente ser fusilados e inhumados ilegalmente. El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo ‘Pemehue’, quienes fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus propios familiares. Posteriormente, entre fines del año 1978 y principios del 1979, una sección del regimiento “Húsares” de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército, concurrió a los sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos para hacerlos desaparecer, en medio de un proceso de investigación de los hechos.

Caso Lonquén: Quince campesinos, todos varones, entre 17 y 51 años, fueron detenidos por carabineros en la localidad de Isla de Maipo, al sur de Santiago. Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Todos ellos fueron llevados desde sus hogares hasta la tenencia de Isla de Maipo, en ese lugar fue la última vez que se les vio con vida. Un campesino se dirigió a las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad. Denunció que en unos hornos de una mina de cal encontró los restos de cuerpos humanos.

Caso degollados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron detenidos y secuestrados en dos operativos a plena luz del día, perpetrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Pese a las intensas actividades desplegadas, no se tuvo noticia alguna de los secuestrados hasta el 30 de marzo de 1985, cuando son encontrados sus cuerpos degollados en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.

Caso hermanos Vergara Toledo: El 29 de marzo de 1985, los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados por una patrulla de Carabineros en un callejón de la población Robert Kennedy, en la actual comuna de Estación Central. La patrulla fue comandada por el subteniente Alex Ambler Hinojosa e integrada por los policías Nelson Toledo Puente, Marcelo Muñoz Cifuentes y Jorge Marín Jiménez. Este último reconoció haber rematado a Rafael en la nuca al interior del furgón de carabineros. Eduardo fue el primero en morir con una bala por la espalda y otra en el muslo.

Caso André Jarlan: La oposición a Pinochet llamó a jornada de protesta nacional para los días 4 y 5 de septiembre de 1984. El día 4, efectivos de carabineros ingresaron a la población La Victoria, reconocida como un bastión emblemático de resistencia a la dictadura militar y al ser enfrentados por los pobladores con barricadas, fogatas, bombas molotov y miguelitos comenzaron a disparar al aire. Una bala atravesó la pared de madera de la casa parroquial de la población e impactó en el cuello de Jarlan mientras este leía la Biblia, causándole la muerte.

Período democrático 

Jorge Suarez Marihuan (2001): hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Bío Bío, quien fue encontrado muerto el 11 de diciembre de 2001 en la ribera del río Queuco, luego de permanecer desaparecido por 6 días. La comunidad denunció una golpiza por parte de un grupo de desconocidos, que habrían actuado en complicidad con la policía uniformada.

Edmundo Lemunao Saavedra (2002): fue asesinado durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco. El mayor Marco Aurelio Treuer utilizó una escopeta Winchester calibre 12.

José Huenante Huenante (2005): durante la madrugada del 3 de septiembre de 2005, José de 16 años de edad, fue subido al radio patrulla (RP) N°1375 perteneciente a la 5.ª Comisaría de Puerto Montt. Eso fue en plena Avenida Vicuña Mackenna. Desde entonces se desconoce su paradero.

Juan Collihuin Catril (2006): durante un allanamiento ocurrido en 2006 en el sector de Bollilco Grande, Nueva Imperial, fue asesinado el Lonko Juan Collihuin Catril por el sargento Luís Marimán. Al lugar llegaron carabineros acompañados por un grupo de civiles, no contaban con orden judicial y ocurrió de madrugada.

Rodrigo Cisternas (2007): el 12 de marzo de 2007 tuvo lugar el primer movimiento de trabajadores forestales en el sector Horcones, donde se ubica la planta de Celulosa Arauco. El 30 de marzo se inició una segunda movilización. En la noche del 3 de mayo, se produjeron intensos enfrentamientos entre trabajadores y carabineros. Éstos, de manera criminal, asesinaron al obrero Rodrigo Cisternas, de 26 años de edad, dejando otros 3 trabajadores heridos, más 13 detenidos. Como siempre ocurre, Ministro del Interior y la Intendente Regional intentaron justificar la represión policial.

Matias Catrileo Quezada (2008): durante la noche del 3 de enero de 2008, un grupo de 30 comuneros mapuche ingresaron al fundo Santa Margarita, de la comuna de Vilcún, que está a nombre de Jorge Luchsinger y es reclamada por la comunidad Lleupeco Vilcún. Al percatarse de la fuerte dotación policial del sector, el grupo comenzó a quemar fardos de pasto. Según el audio entregado por la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) los comuneros sólo estaban atacando con piedras. Es ahí cuando se escucha la orden, “métele un balazo”. El cabo Walter Ramírez acusa recibo y dispara su subametralladora UZI. Una bala entra por la espalda en el pulmón de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO. Muere minutos después.

Johnny Cariqueo Yañez (2008): murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros del GOPE y de la Comisaría 26º de Pudahuel , minutos después que fuera inaugurada en esa comuna la plaza 29 de marzo, dedicada a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia.

Jaime Mendoza Collío (2009): resultó asesinado durante la ocupación del fundo San Sebastián por parte de su comunidad. El autor de los disparos, el cabo Patricio Jara Muñoz, alegó legítima defensa, presentando su casco y chaleco antibalas con numerosos impactos de balines. Un informe de la Policía de Investigaciones confirmó que dichos impactos habían sido hechos de manera posterior.

Camilo Catrillanca (2018): nieto del lonko de la comunidad Ignacio Queipul Millanao del Lof Temucuicui, Juan Catrillanca. Falleció por un disparo en la cabeza percutado por funcionarios del Comando Jungla instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera, mientras regresaba a su hogar en tractor.

Estallido social: 31 muertos y 5.558 personas han denunciado violaciones de DD.HH. Además, el reporte de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional –que coincide con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país para verificar el resguardo de las libertades fundamentales- entrega un crudo panorama de lo sucedido en el país desde el 18 de octubre. En cuatro de las 31 muertes, estas son atribuibles a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías, indica el informe. Asimismo, se cuentan 285 denuncias por lesiones oculares. La institución más denunciada es por lejos Carabineros (2020).

Otros casos

Pacogate: megafraude descubierto al interior de Carabineros que asciende a más de $35 mil millones.

Compras con Sobreprecios: en enero de 2012 se desvelaron muchas irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros. Se trataría de $1.600 millones en malversación de fondos públicos. El entonces general González Jure presidía  el Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones de Carabineros, que tenía como principal función velar para que no se produjeran irregularidades.

Escuchas telefónicas ilegales: durante el año 2011 Bruno Villalobos fue denunciado por este hecho por el periodista Patricio Mery Bell y por los abogados Rubén Jerez y Claudio Cofré.  Exfuncionarios  de la misma institución acusaron de ser víctimas de “pinchazos” ilegales ordenados desde la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), a cargo de Villalobos. Según datos entregados por el exuniformado Estaban Infante, el Alto Mando de Carabineros mantendría intervenidos los teléfonos de los diputados Guillermo Tellier, Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló; y de los senadores Alejandro Navarro y Alberto Espina. Además, de acuerdo a la denuncia, esta práctica se extendería también a importantes dirigentes sindicales y del mundo social.

Montaje contra Saif Khan: el año 2010, Villalobos era director de Inteligencia de Carabineros, fue aquí cuando trascendió “El Caso del Paquistaní Terrorista”. Khan fue imputado por la ley de explosivos luego que se le encontraran trazas de pólvora en su ropa, las mismas que quedan tras prender un fósforo, cuando ingresaba a la embajada de Estados Unidos en Santiago. Incluso fue mentirosamente motejado de ser miembro de Al Qaeda.

Montaje Caso Bombas: El exgeneral Villalobos, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, tuvo cercanía con el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y, en su rol como jefe de la Dipolcar, tuvo estrecha relación con los exfiscales Xavier Armendáriz y Alejandro Peña en la indagatoria investigativa del denominado “Caso Bombas”, que terminó convirtiéndose en uno de los más sonados fracasos del Ministerio Público. Se fabricaron pruebas para incriminar a jóvenes anarquistas acusados de plantar bombas en todo Santiago. Hasta el día de hoy queda la duda si Villalobos tuvo alguna participación en la generación de un pánico colectivo utilizando las viejas tácticas de ataques de falsa bandera para mantenerse en el cargo.

Operación Huracán: en septiembre de 2017 esta operación condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que se habría descubierto mediante pericias técnicas que Carabineros habría manipulado pruebas, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.

Hostigamiento y escuchas a periodistas: la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de Chile (UIOE) hace bastante tiempo que ilegalmente interceptaba mensajes e investigaba a periodistas como Patricio Mery Bell (director de Panoramas News), y a colegas suyos de Radio Biobío, El Ciudadano, The Clinic, Mapuexpress y Werken.

Fuentes: El Ciudadano, Iván Ljubetic Vargas, Radio Universidad de Chile, Kaos en la red, Memoria viva, El Mostrador.



Jorge Molina Araneda

Pressenza

Créditos a la foto de cabecera: Imagen de Claudia Aranda

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