Tras meses de lentitud en la gestión del ingreso mínimo vital, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha conseguido apretar el paso en las últimas semanas, tramitando el 80% de las solicitudes. Sin embargo, un 50% de las mismas han sido denegadas. Tras meses de espera, son miles las personas a quienes se les ha notificado que no podrán acceder al último recurso con el que contaban.
“La carta con la denegación me vino hace dos semanas, a mi hija algunos días antes”, cuenta Isabel. Ella y su hija Sara, viven en Villafranca de los Barrios, en la provincia de Badajoz. Muy a menudo, Sara va con su bebé de nueve meses, y su marido a comer donde su madre, pues no hay dinero ni para comer. En la casa de Isabel son cuatro personas viviendo. La situación está muy difícil, son meses sin ingresos, semanas y semanas que pasan con la cuenta a cero.
Lo último que Isabel cobró fue la Renta Activa de Inserción, hace un año. A su marido le llamó el Ayuntamiento para trabajar 15 días, y no pudieron pedir por ello la renta básica extremeña. Si Isabel consigue dar de comer a siete personas es por la ayuda de Campamento Dignidad, el colectivo en el que participa y que reparte alimentos. También fueron quienes le ayudaron a hacer la solicitud poco tiempo después de que se abriese el plazo. Su ingreso mínimo vital es uno de los miles que han sido rechazados. ¿El motivo? Exceso de renta. Tomaron en cuenta sus ingresos del año pasado.
“Si en el 2019 te ha ido muy bien y ahora, por esto que ha venido, te has quedado sin ingresos, ¿qué pasa? ¿que con lo que has ganado hace un año te tienes que mantener este año?”, se pregunta Isabel. Madre e hija presentarán una reclamación, aunque sin mucha fe: “ya se sacarán alguna otra cosa de la manga para denegarla, pero ellos venga sueldo, venga coches oficiales, venga cobrar ayudas a la manutención o a la vivienda, cuando hay familias con cero ingresos. ¿Cómo piensan ellos que se puede vivir en una casa con cero ingresos?”, se pregunta Isabel que tiene sus propias hipótesis: “la mayoría de los políticos vienen de clases bien, no han vivido la escasez en sus carnes, y no pueden empatizar con lo que le pasa al pueblo. Además, están al servicio de las grandes élites, de las grandes economías, y el PSOE es un auténtico fraude”, se desahoga.
La trabajadora social Hontanares Arranz es integrante de RMI tu derecho y Marea Básica, colectivos desde los que lleva meses batallando con el IMV, como lo hacen desde hace tiempo con las rentas mínimas. Y por batallar se entiende ayudar a la gente a que venzan los laberintos burocráticos para acceder a las ayudas, y presionar a las instituciones para que las mejoren. Arranz apunta que, según la ley, sí se debería tener en cuenta el año en curso a la hora de conceder el Ingreso Mínimo Vital: “Hay una disposición transitoria que dice que se van a fijar en este año por las consecuencias del covid. No se ha enterado ni quien lo está gestionando, ni el que lo está solicitando, ni se ha enterado nadie, y el año que viene ya no sé qué va pasar”.
En todo caso, las condiciones para que se conceda la ayuda en base a los ingresos del 2020 no son muy amables: “es para quienes demuestren que les ha sobrevenido una situación de empeoramiento, pero tiene que tener dos requisitos. Que el empeoramiento sea por debajo de la mitad del baremo de 2019, que ya es un baremo pequeño y que no tengas derecho a prestación ni a subsidio”. La trabajadora social defiende que en todo caso se trata de datos que la administración podría comprobar por sí misma, pero no lo está haciendo.
La gente se está desengañando cada vez más porque les generan esperanzas y después no. Conozco casos de personas, de familias, que les han dado un IMV de 30, 40, 50€”
“La gente se está desengañando cada vez más porque les generan esperanzas y después no. Conozco casos de personas, de familias, que les han dado el IMV de 30, 40, 50€”, denuncia Isabel quien recuerda que, con los bajos salarios, era imposible estar preparado para una disrupción así, tener ahorros para sobrellevar la tormenta: “la gente se ha visto con una mano delante y otra detras”, sintentiza. Para Arranz los baremos son incomprensibles, las cuantías las están concediendo en función del año anterior, cuando tendrían que actualizar al momento actual.
Alicia vive en Carabanchel, a ella no le han designado ni 30 ni 40 ni 50€ de IMV, su solicitud, como las de Isabel y Sara, ha sido denegada. En su caso, no solo denuncia que le han tenido en cuenta los ingresos del 2019 sino que la cuantía que sale no le cuadra. Afirma que no ha cobrado el dinero que le adjudican y ha denunciado. Así que después de esperar durante meses la resolución para ingresar la ayuda y empezar a devolver deudas, de nuevo se ha quedado sin nada. O con menos de nada, porque los números son negativos.
“Estamos viendo muchos errores, no tenemos lo datos suficientes para decir que son extrapolables al conjunto, pero nosotros siempre extrapolamos nuestra realidad porque tampoco nos la inventamos. Si hay tantos errores como nos parece, a la gente le vamos a decir cómo reclamar, y los juzgados de lo social se van a colapsar”, alerta Arranz.
Por ahora lo que ha colapsado es la economía familiar de Alicia. Su hija tiene 20 años y está repitiendo segundo de bachillerato por elección: Cursa una sola asignatura que ha suspendido aposta. La idea es retrasar algo el acceso a la universidad, pues el dinero que consiguió juntar su madre para hacer frente a sus estudios se lo han tenido que comer. Esos pequeños ahorros, junto a la ayuda de la despensa solidaria de Carabanchel son los que les han permitido ir tirando. “No tengo ninguna clase de ingresos de ningún tipo, ni de servicios sociales, ni de la seguridad social ni del SEPE ni de nadie”, lo que tiene Alicia son amigos que le prestan dinero. Pero quiere devolverlo. También quiere pagar los meses de alquiler que adeuda.
Es esencial estar en colectivos donde te ayudan. Porque es que uno por uno mismo, no sabes por dónde tirar. No sabes qué camino tienes que tomar para hacer una reclamación, a quién se la tienes que presentar”
Como Isabel, Alicia ha contado con apoyo desde el principio: cuando se dio cuenta de que, pese a tener un buen manejo de la informática, se le hacía imposible solicitar el IMV, fue a un taller de RMI tu derecho donde le ayudaron a presentar la solicitud. Ahora la van a guiar en la reclamación: “Es esencial estar en colectivos donde te ayudan. Porque es que uno por uno mismo, no sabes por dónde tirar. No sabes qué camino tienes que tomar para hacer una reclamación, a quién se la tienes que presentar”.
Asun tiene 52 años. Ella no tardó mucho en tener una respuesta. “Al menos fueron rápidos”, ironiza. Su solicitud estaba denegada. ¿La razón? Vive con tres personas más que tienen ingresos. Y aunque ningún vínculo familiar les une, para la administración los ingresos de sus compañeros impiden que cumpla los requisitos. Así que Asun lleva mucho tiempo viviendo sin dinero. Y así va a continuar. “Que, ¿cómo sobrevivo? Los chicos con los que vivo algo me dan porque hago los trabajos de casa, lavo la ropa, la arreglo, cocino para ellos. El dueño es una maravillosa persona y no me cobra nada por dormir aquí. Me ayudan dos organizaciones, una que se llama invisibles que voy todos los sábados y me dan comida, fruta, verdura, lo que pueden, y aquí en Orriols hay otra organización que se llama el puchero y tres veces a la semana nos dan algo de comida caliente y alguna cosita”.
Asun pasa gran parte de su tiempo buscando los medios para sobrevivir. Difícilmente encontraría empleo, además, no puede trabajar. Está de baja, tiene cáncer. “¿Qué pienso hacer? estoy teniendo las ideas más horribles que te puedas imaginar. Ir con un cuchillo a una tienda, dar una paliza a alguien para que me detengan. Iré a la cárcel y tendré garantizado techo y comida. Así por lo menos viviré tranquila”, se exaspera.
Para esta valenciana de 54 años la cuestión de las unidades de convivencia es una muestra de hasta qué punto el gobierno ha ignorado la situación de las personas que peor lo están pasando. “Todo el mundo sabe que España es un país donde hay muchos pisos compartidos. Una persona no puede alquilarse un piso ella sola, que te cuesta entre alquiler, luz, agua… 700 u 800 euros, cuando quizás tienes 800 euros de nómina, a ver qué haces. Y aunque tuvieses una nómina de 1000, qué haces si tienes que poner 800 para el piso?”.
Arranz confirma que, como ya manifestara el gobierno, se plantean revisar esta cuestión: “Nos han prometido que van a hacer cambios en esta linea que era una de las cosas más graves, las unidades de convivencia es algo ininteligible en la ley. Hay que hacer un cursillo para saber cuál es tu unidad de convivencia, cómo vas a tener que solicitarlo, a quién has de tener en cuenta. Nos han asegurado que es una de las cosas que van a modificar”.
No veo ninguna perspectiva de futuro, porque trabajo no hay, o a mí al menos no me sale, muchas veces por la edad, ven mi currículum y dicen, ¿pero está mujer dónde va a ir? aunque tenga mucha experiencia. Y encima donde trabajaban cuatro, ahora trabaja uno”
Mientras Alicia sigue pensando cómo pagará el alquiler, planeando solicitar la Renta Mínima de Inserción por si su recurso por la denegación del IMV no progresa —“esta gente se inventará algo para no pagarnos”, sospecha— comparte su preocupación por que su hija nunca llegue a la universidad, por falta de medios para pagarla. “No veo ninguna perspectiva de futuro, porque trabajo no hay, o a mi al menos no me sale, muchas veces por la edad, ven mi currículum y dicen, ¿pero está mujer dónde va a ir? aunque tenga mucha experiencia. Y encima donde trabajaban cuatro ahora trabaja uno”.
A Isabel le sulfura que la gente no se movilice más: “Estoy harta de ir a manifestaciones, estoy harta de reclamar derechos y ver siempre a los mismos. La mayoría se queda en el sofá a ver fútbol, a ver sálvame y luego son los primeros en quejarse”, lamenta. “Yo creo que algunos viven ya resignados a su situación. Tienen miedo, pero el miedo es a que no puedas pagar la luz, te corten el agua, que te pongan es la calle, eso es mucho peor que salir a la calle y pedir tus derechos, que además están reconocidos en la Constitución”.
Desde Valencia, Asun tiene algo que decir sobre el tema de la Constitución. Opina, literalemente, “que se la están pasando por el culo”. Luego se disculpa por su vocabulario, pero no puede contener la rabia. “Nos está dejando de lado a la gente más humilde y que está luchando tanto. Somos unos luchadores. Quieren que nos hundamos y creo que no es justo”.
Nos están dejando de lado a la gente más humilde y que está luchando tanto. Somos unos luchadores. Quieren que nos hundamos y creo que no es justo”
A Arranz y sus compañeros de la Marea Básica, los técnicos que diseñaron el IMV les dijeron, cuando presentaron sus quejas y enmiendas a la ayuda, que en grandes rasgos coinciden con lo que plantean otras organizaciones y colectivos. Que seguramente muchas de estas mejoras serán incluidas en la ley que debe debatirse en el parlamento. Es una buena noticia, valora la activista, la mala noticia, es que, a pesar de que en septiembre se insistiera en la urgencia de abordar el trámite de la ley, meses después aún no hay fecha. Y para gente como Asun, Alicia o Isabel, no ha pasado esa urgencia.
“En realidad nunca ha sido urgente para las administraciones, hace veinte años que hay incumplimientos en esto mismo —matiza Arranz— lo que pasa es que ahora el foco está puesto en que alguien dijo que era urgente y que se iban a encargar de ello. Entonces la gente tenía muchas esperanzas en que eso fuera así. Pero una renta mínima ha sido urgente desde siempre”.
Mientras el ministro Jose Luis Escrivá saca pecho de haber mejorado la cobertura respecto a las rentas autonómicas, desde Marea Básica reclaman, más que declaraciones, datos desagregados, donde se indiquen las cuantías entre otras informaciones. Y sobre todo, que no se postergue más la ley. “Es absolutamente necesario que esto pase por el Congreso, y que pase con unas modificaciones muy drásticas. Yo creo que es un tema presupuestario, como siempre, que no quieren invertir más presupuesto. Sino, yo no me explico otra cosa”.
Si hay algo que Asun valora en esta situación es la atención que está recibiendo en la sanidad pública, cómo la están cuidando de su enfermedad. Como el acceso a la salud: “una renta debería de ser un derecho universal. Y la vivienda debería ser un derecho universal. Aunque sea una casa de madera. Hay mucha gente tirada en la calle. Hay tantas cosas que deberían ser un derecho”.
Sarah Babiker
El Salto
Créditos a la foto de cabecera: Un grupo de personas recogiendo comida de una iniciativa solidaria en Madrid. / Imagen de David F. Sabadell
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