Defender y liderar procesos sociales, un riesgo en Colombia

Veinte organizaciones sociales y centros de análisis se unieron para analizar la violencia que azotó a líderes y defensores de derechos humanos entre el 1 de agosto de 2018 y el pasado 31 julio, estableciendo patrones comunes y afectaciones diferenciales. El pasado 7 de octubre presentaron su informe, que establece que durante esos 23 meses fueron asesinadas 575 personas que defendían diversas comunidades.

“Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, así como por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual basada en el género y los desplazamientos forzados, entre otras violaciones de los derechos humanos, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales”.

Esa es una de las principales conclusiones del informe El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas y producido coralmente por organizaciones que reivindican los derechos de indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y comunidad LGBT. (Ver listado de participantes)

La investigación, de 300 páginas, dedica su primer capítulo a determinar las condiciones en las que suceden las agresiones contra quienes se atreven a defender derechos. Y establece dos condiciones “complementarias”: causas históricas de carácter estructural y factores de la actual coyuntura.

Las primeras están relacionadas las características de marginalidad, exclusión e injusticia que azotan a las regiones que han sido escenarios de disputa en el “marco del conflicto social y armado”; y las segundas están ligadas con la implementación del Acuerdo de Paz, y “la ausencia de garantías de protección y seguridad de las personas defensoras, de los líderes y lideresas sociales, de los exguerrilleros y exguerrilleras, sus comunidades y organizaciones”.

Por tal razón, “la desigualdad, la discriminación, la exclusión social y la injusticia son las causas concatenadas de la violencia sociopolítica y de los conflictos económicos, sociales y políticos que han afectado principalmente a las mujeres, a la población LGBT, a los pueblos indígenas, al pueblo afrocolombiano y a las comunidades campesinas, todos ellos considerados sujetos de especial protección”.

Diferentes afectaciones

Tras establecer las similitudes en el origen de las agresiones, por medio de la aplicación de enfoques de género y étnicos, las organizaciones analizan las afectaciones diferenciales que padece cada uno de esos sectores sociales.

Sobre las defensoras y las lideresas sociales, el informe establece que enfrentan riesgos diferenciados y efectos desproporcionados de las violaciones de sus derechos por motivos de género. “Debe tenerse en cuenta que el universo de las mujeres que logran ejercer liderazgos es más reducido y que enfrentan obstáculos en su labor como defensoras, los cuales se acentúan por la persistencia de patrones discriminatorios de una sociedad profundamente patriarcal”, agrega.

La investigación también define los patrones de violencia en seis departamentos del país y valora la poca implementación de los mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos consignados en el Acuerdo de Paz.

En cuanto a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, el informe indica que la “violencia por prejuicios suele tener un carácter instrumental, ya que, aunque no se explicite una animosidad hacia su orientación sexual o identidad de género, los atacantes se aprovechan de estas características para determinar los contextos en los que sus víctimas son más vulnerables y los métodos más efectivos para atacarlas”. Además, lamenta que en medio de la discriminación que padecen, sus luchas son interpretadas como inmorales y dañinas para la sociedad, más no como reivindicaciones legítimas de derechos humanos.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) indicó en este informe que los efectos de la violencia que padecen las autoridades étnicas y sus territorios ancestrales se deben “a la falta de una respuesta efectiva por parte del Estado colombiano, el cual ha tomado medidas que desconocen las necesidades, las realidades, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”; además del recrudecimiento del conflicto armado tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

Y reseña 228 asesinatos de indígenas entre noviembre de 2016 y marzo del presente año: “Los diferentes ataques contra nuestros líderes, lideresas y autoridades buscan frenar estos procesos comunitarios y negarles el derecho de defender el territorio, amedrentando a las comunidades y amenazando a nuestros dirigentes, con el objetivo de evitar que continúen fortaleciendo el gobierno propio”.

Por los pueblos afro, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), señaló que han sufrido violaciones de la pervivencia física, ancestral y cultural de la población, que han generado un impacto desproporcionado, desde la perspectiva individual y colectiva.

“El patrón de ataques contra liderazgos afrocolombianos en los territorios rurales ha adquirido características muy graves que evidencian una estrategia para socavar las posibilidades de gobierno con autonomía y acción colectiva que garantice los derechos étnicos. Uno de los hechos que revela dicha estrategia es el atentado perpetrado el 4 de mayo de 2019 contra una importante reunión de destacados líderes y lideresas afrocolombianos del norte del Cauca, pertenecientes a la ACONC y a la Movilización de Mujeres por el Cuidado de la Vida y la Defensa de los Territorios Ancestrales”, lamentó el CNOA.

Las comunidades campesinas han tenido una lucha adicional: el reconocimiento de sus derechos como sujetos sociales y políticos. De acuerdo con la base de datos construida para la elaboración de este informe, durante el gobierno de presidente Iván Duque y hasta el 31 de diciembre de 2019 fueron asesinadas 136 personas defensoras de los derechos humanos que se reconocen como campesinas. Y uno de sus sectores más golpeados es el de las Juntas de Acción Comunal (JAC), con por lo menos 49 lideresas y líderes asesinados.

Radiografía en cifras

El informe analiza los asesinatos de lideresas y líderes sociales ocurridos en dos periodos. El primero abarca 396 violaciones del derecho la vida, ocurridas entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. De ellas, 392 corresponden a asesinatos y las restantes a desapariciones forzadas.

Los sectores más golpeados con las muertes violentas son el indígena (112 víctimas) y el comunal (77). Los departamentos más peligrosos para los nativos fueron Cauca (53), Nariño (14) y Valle del Cauca (11); y para las personas que ocupan diferentes cargos en las JAC, Antioquia (14), Norte de Santander (9) y Cauca (9). A ellos le sigue liderazgo de causas campesinas, con 49 asesinatos.

Los municipios con más defensores y defensoras asesinados son Caloto (Cauca), con 19 casos; Tarazá (Antioquia), con 17; Toribío, con 16 (Cauca); Tumaco (Nariño), con 13; Corinto (Cauca), Santander de Quilichao y Suárez (Cauca), con diez casos cada uno; y Dagua (Valle del Cauca), con nueve.

Por otro lado, como suele ser costumbre, se desconoce la autoría de la mayoría de los casos: “De los 396 casos registrados en la base de datos en consolidación, en 248 de ellos se desconoce la autoría, lo que representa el 62,63 % del total de casos. En otros 37 casos, con base en las características conocidas de los hechos, que representan el 9,34 % del total, la presunta autoría está relacionada con un grupo armado, aunque no es posible identificarlo”

El segundo periodo analizado en el informe corresponde a los siete primeros meses del año en curso. Durante ese tiempo y en medio de la crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid-19, fueron asesinados 183 defensores de derechos humanos y otro desaparecido forzadamente.

Del total de víctimas mortales, 168 eran de género masculino y 16 de género femenino. “Como aspecto común a los asesinatos se identificaron las amenazas previas, algunas de ellas generalizadas contra determinado sector o comunidad, y otras selectivas, con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes o personas defensoras”, aclara la investigación.

Esos riesgos fueron advertidos a finales del pasado mes de abril por la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana de Inminencia N. 018-20: “En el contexto de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas para la prevención de la propagación del Covid-19, particularmente aquellas relacionadas con el aislamiento preventivo obligatorio y las restricciones a la movilidad, los actores armados no estatales parte del conflicto y las estructuras de crimen organizado han perpetrado hechos violentos en contra de la población civil que han supuesto violaciones o riesgos de vulneración a sus derechos fundamentales”.

“Los impactos han sido especialmente gravosos para aquellas comunidades donde existen brechas de presencia institucional y que cuentan con importantes niveles de vulnerabilidad y desprotección social, reflejados, entre otros, en sistemas de salud con infraestructura y dotación deficientes -o inexistentes- para la atención de posibles casos de infección”, prosigue el documento defensorial reseñado por las organizaciones sociales.

Durante esos siete meses, nuevamente los sectores más golpeados fueron el indígena, el comunal y el campesino, concentrando el 70 por ciento de los asesinatos. En cuanto a las organizaciones diezmadas, las JAC encabezan el listado nuevamente con 41 de las 184 víctimas.



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