España: arranque del nuevo curso (político)

Bajo la agobiante presión de la segunda vuelta de la epidemia de Covid-19 y el desbarajuste del inicio del curso escolar -que el gobierno de coalición progresista (GCP) ha sabido endilgar a los gobiernos autonómicos con los negativos resultados predecibles-, el foco del nuevo curso político se sitúa en la negociación de los presupuestos de 2021, en la aplicación de los acuerdos europeos de reconstrucción que deben sostenerlo, y en la gestión de las fisuras y goteras inevitables del Régimen del 78.

Unas fisuras que van ahora desde los devaneos exteriores del rey emérito a los múltiples tentáculos del caso Villarejo, a lo que se ha sumado en la última semana el vodevil del interrogatorio del exministro Martín Villa en la llamada “querella argentina”, pocos días después de que el GCP anunciase el borrador de reforma de la Ley de la Memoria Histórica.

En este panorama de relativa estabilidad de una situación política degradada y de falta de cualquier alternativa, quién ha sufrido el desgaste de una oposición arrinconada ha sido el Partido Popular con su “crisis Cayetana”. A falta de reorientación política de su estrategia fallida de “cambio del régimen (social-comunista)”, ha acabado resolviendo, al parecer, un problema de autoridad interna entre el jefe de la oposición y su portavoz parlamentaria, que solo promete más de lo mismo y el bloqueo de la renovación de los órganos directivos y los tribunales superiores del poder judicial. Mientras tanto, la aplicación del “escudo social” frente al Covid-19 sigue generando derechos, pero sin que lleguen las correspondientes prestaciones a los sectores cada vez mas empobrecidos de una clase trabajadora en la que se borran las diferencias entre los afectados por los ERTEs y los precarios en paro.

La construcción política de la mayoría presupuestaria

El inicio de las negociaciones presupuestarias de 2021 ha dado lugar a las inevitables tensiones entre los socios del GCP. En primer lugar sobre los posibles aliados para constituir una mayoría parlamentaria. Las previsibles dificultades de ERC para apoyar los presupuestos, dado el horizonte electoral en Cataluña y la ruptura de Junts per Catalunya para constituir el partido de Puigdemont, han vuelto a dar una ventana de oportunidad al “giro al centro” de Ciudadanos. La negociación con Arrimadas no solo le permite a Pedro Sánchez ejercer presión sobre la dirección de ERC, a quién ha ofrecido ya la reunión de la mesa de dialogo entre el gobierno central y el autonómico que rechazan Torra y Puigdemont. Pero también sobre su socio de gobierno, Unidas Podemos, reforzando el papel de arbitro de Sánchez por encima de los partidos, en el que concreta su hegemonía.

Y lo ha demostrado una vez más. De los vetos cruzados de Unidas Podemos y ERC por un lado y de Ciudadanos por otro se ha pasado a la negociación conjunta en nombre del GCP del PSOE y de UP con Ciudadanos y en paralelo del PSOE con ERC. Sea cual sea el resultado de estas últimas, el PSOE alimenta las tensiones existentes en el bloque de fuerzas independentistas catalanas en su proceso de reorientación estratégica, una vez que se ha cerrado la posibilidad a medio plazo de ejercer la autodeterminación y pesan con urgencia las tareas de gestión de la Generalitat ante la crisis social y económica del Covid-19. Y lo mismo ocurre con los gobiernos autonómicos “tri-fachitos” del PP y Ciudadanos apoyados por Vox.

Que el debate sobre la mayoría parlamentaria que debe apoyar los presupuestos haya tenido hasta el momento escaso contenido en relación con las partidas presupuestarias no es de extrañar. Se parte de una erosión legislativa y constitucional acumulada de la propia ley de presupuestos. Bajo el último gobierno del PP, el ministro de Hacienda Montoro hizo literalmente de su capa un sayo, reteniendo parte de los libramientos de las partidas aprobadas por las Cortes hasta el último trimestre del año fiscal, para asegurar no solo la disciplina presupuestaria sino los niveles de emisión de deuda pública acordados con la Comisión Europea en el marco del Pacto Fiscal Europeo. El centro del proceso presupuestario fue pasando de la decisión soberana de las Cortes a la negociación opaca con la Unión Europea de su gestión. Esa gestión de tanteo y negociación permanente con Bruselas se ha ido convirtiendo de una excepción en un hábito con las diferentes prolongaciones de los presupuestos heredados del PP desde 2015. Una de sus consecuencias ha sido la implosión de la gestión fiscal del estado de las autonomías, sustituida por la negociación bilateral con cada una de ellas y la esperpéntica retención de fondos municipales para priorizar el pago de sus deudas acumuladas a pesar en algunos casos de sus superávits presupuestarios.

A ello hay que sumar otros dos elementos importantes: 1) la creciente reducción de las partidas no comprometidas en gastos obligados -como el servicio de la deuda pública, salarios y prestaciones sociales-, sobre los que cabe un debate de opciones alternativas de gasto; y 2) la no inclusión de las transferencias y de los créditos ligados a proyectos finalistas previstos por los Acuerdos de Reconstrucción europeos (140.000 millones de euros), más allá de la previsión de servicio de la deuda pública que puedan generar, que deben ser supervisados por la Comisión europea y cuya gestión ha centralizado Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno.

Con Unidas Podemos, el PSOE ha limitado el debate a la aplicación posible del programa negociado para la constitución del GCP en las actuales circunstancias de la crisis social y económica del Covid-19 y los Acuerdos de Reconstrucción Europeos. En el caso de Ciudadanos se ha limitado a una cuestión de adjetivos: ¿los presupuestos del 2021 serán “moderados” o “progresistas”? Una diferencia que Ciudadanos parece discernir en su rechazo a una posible reforma fiscal que aumentase la presión fiscal, como ha solicitado Bruselas, pero haciéndola recaer sobre los beneficios de capital o las grandes fortunas como ha apuntado en vano Unidas Podemos.

El “diálogo social” con las clases dominantes

Más allá de estas escaramuzas entre fuerzas políticas, Pedro Sánchez ha construido el escenario de la negociación presupuestaria apoyándolo en tres pilares: 1) la consolidación de su alianza con el PNV, con la constitución del gobierno vasco PNV-PSE; 2) el aislamiento del Partido Popular, doblemente atenazado por la necesaria negociación fiscal de sus gobiernos autonómicos con el GCP y su carencia de alternativa frente a los llamamientos a “arrimar el hombro” en una política de estado definida por la rentabilización de Sánchez de unos acuerdos europeos a los que el PP se ha opuesto para convertirse en el “partido holandés”; y el más importante, el “diálogo social” que ha conseguido convertir en una cuña entre la derecha social y la derecha política radicalizada, tras el fracaso de la comisión parlamentaria para la reconstrucción.

Tras la reunión inicial en la Moncloa con empresarios y sindicatos a comienzos de julio, el 31 de agosto Sánchez volvió a convocarlos en una conferencia en Casa de América, antes del inicio de su ronda de consultas con los partidos políticos. Fue el verdadero acto inaugural del nuevo curso político, con un discurso de 40 minutos del presidente del gobierno: “Si España quiere, España puede”.

Además de garantir la estabilidad del GCP hasta 2023 y su gestión de las ayudas europeas, Sánchez aseguró la ampliación flexible de los ERTEs, a cargo del programa SURE, la contención de la presión fiscal y la negociación del nuevo modelo productivo que deben impulsar las ayudas europeas. Pero una semana después se anunció algo más importante económica y políticamente para la clase dominante española: una nueva ronda de concentración del sistema financiero y bancario español, empezando por la integración de la rescatada Bankia en Caixabank, seguida de la del Sabadell en BBVA, que otorgará a tres grandes bancos – Caixabank, Santander y BBVA- prácticamente el 80% del sector, sin precedentes en el resto de Europa.

Quienes quieran comprender el carácter estratégico y en que medida determinará el “nuevo modelo productivo” español la integración de Bankia en Caixabank harán bien en consultar el “Libro Negro” de Ernesto Ekaizer sobre la crisis bancaria de 2010, el rescate de Bankia en 2011 y el posterior juicio a los directivos de la entidad, empezando por el ex ministro y director del FMI, Rodrigo Rato. Con ello se pretende cerrar el capítulo de la liquidación de las antiguas Cajas de Ahorro -la “mayor desamortización de bienes sociales” de la historia de España, según Comisiones Obreras– a favor de la oligarquía financiera española, cerrar el paso a las pretensiones de Unidas Podemos de desarrollar una banca pública mediante esta privatización encubierta, acabar con las pretensiones de hegemonía en la derecha social de la gran burguesía madrileña y controlar la capacidad de ahorro y financiación de Cataluña que ha canalizado hasta ahora Caixabank mediante una alianza con el gobierno central (con una participación del 15% a través de Bankia), frente a cualquier intento en este sentido de la Generalitat (que ya tuvo que sufrir la humillación del traslado de su sede social a Valencia, a instancias del gobierno del PP, como represalia por el procés).

A pesar del salto en las cotizaciones de las acciones de Bankia tras el anuncio de la operación del 30%, la realidad es que bajo la gestión de Goirigolzarri, nuevo presidente del banco integrado por Caixabank y Bankia, las acciones habían perdido el 80% de su valor (frente al 65% de media del sector). Tras el rescate público de más de 24.000 millones de euros, la participación del estado vía FROB es del 62% y a precios de mercado, antes del anuncio de la fusión, suponían unos 1.600 millones de euros.  Su venta supondría una perdida definitiva del 93% del rescate público, con un aumento de la deuda del 0,8% del PIB, según José Manuel Gómez de Miguel. Habrá presiones sobre el GCP para hacerlo, pero por el momento pesa más la posibilidad de orientar desde la menguada participación del estado en Caixabank su importante paquete de inversiones industriales, que representan el 46% del valor de la Fundación Bancaria La Caixa, frente al 23% del negocio inmobiliario y el 34% -antes de la fusión- del negocio bancario.

Solidaridades y navajazos en el Régimen del 78

El comienzo del nuevo curso político también ha venido precedido de unas impresionantes muestras de solidaridad de la clase política de la Transición consigo misma. La primera manifestación fue la carta de 75 exministros y altos cargos del PP y el PSOE en apoyo al rey emérito, defendiendo su “presunción de inocencia” y su legado en la Transición, la “etapa histórica más fructífera que ha conocido España en su historia contemporánea”, tras su traslado a Emiratos Árabes Unidos a comienzos de agosto como medida de protección de la monarquía tras las últimas revelaciones del “caso Corinna”. La segunda han sido las cartas de apoyo al papel jugado en la Transición por el exministro Rodolfo Martín Villa de cuatro expresidentes del gobierno y cuatro exdirigentes sindicales, entre otros, previas a su declaración en la “querella argentina” ante la juez Servini por “delitos de homicidio agravado”, como la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976 y el de los Sanfermines de 1978.

No tiene sentido a estas alturas discutir sobre los méritos políticos de ambos personajes en la Transición si no es desde una perspectiva histórica. Es un debate que divide profundamente a la izquierda sobre los límites que impusieron desde su nacimiento al Régimen del 78 la herencia de la dictadura franquista y las llamadas “fuerzas vivas” en defensa de los privilegios e intereses de las clases dominantes. Y son precisamente esos mismos, y el “capitalismo de amiguetes” del que se han beneficiado, lo que pretenden los firmantes de las cartas en ambos casos, aunque convenga leer, para matizar, el contenido de las de algunos de los exdirigentes sindicales. Su objetivo es sacralizar una “modélica Transición” que legitime el Régimen del 78 como el mejor, sino el único posible, cuando su crisis estructural es evidente y un obstáculo grave para enfrentarse a la crisis y abordar la modernización del país.

No tiene sentido, además, porque como han recordado los abogados de las victimas, lo que se pretende juzgar tanto en el “caso Corinna” como en la “querella argentina” no son ideas, ni el balance de la Transición ni el recorrido vital de los declarantes e imputados. Lo que se pretende juzgar son delitos y crímenes concretos. Es decir, los actos anticonstitucionales sin refrendo obligado del gobierno del rey emérito de cobro de comisiones, aceptación de “regalos”, su deposito en cuentas en el extranjero no declaradas y tráfico de divisas. Y en el caso de Martín Villa sus ordenes como ministro de jornada en el caso de los cinco trabajadores muertos y los cientos de heridos en Vitoria causados por la policía franquista en la represión de la huelga general del 3 de marzo de 1976 y de la muerte y los 150 heridos resultado de la actuación policial ordenada por el ministro de la Gobernación en los Sanfermines de 1978.

Esos delitos y crímenes concretos son los que establecen una relación causal, no solo un marco interpretativo histórico, con las múltiples causas en las que esta implicado el ex comisario de policía Villarejo. Una serie de delitos en los que serían presuntos cómplices e instigadores la ex amante del rey emérito, el ex ministro del interior del PP Fernández Díaz, la ex ministra de defensa Dolores de Cospedal, altos directivos del BBVA y una larga serie de personajes de las clases dominantes y funcionarios públicos que utilizaban el “puño invisible” de Villarejo para asegurar su cuota de mercado o la “caja B” del PP.

Efectivamente, todo ello hace aconsejable una “modernización del modelo productivo” y necesaria una estrategia republicana y socialista para conseguirlo.



Gustavo Buster

SinPermiso.info

Créditos a la foto de cabecera: Pedro Sánchez se dirige a los empresarios españoles en una conferencia en la Casa de América el pasado 31 de agosto.

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