¿A dónde van los desaparecidos?

El hallazgo del cadáver de uno de los estudiantes de Ayotzinapa (México), hasta ahora dado por desaparecido, pone en entredicho la historia oficial y agita el debate sobre unas prácticas policiales y militares que continúan en muchos países del continente. En México, el Gobierno reconoce más de 73.000 desapariciones desde 2006. Familias y grupos de derechos humanos hablan de 150.000.

“Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

Estas palabras fueron pronunciadas por Jorge Rafael Videla, dictador de Argentina de 1976 a 1983. Contestaba en rueda de prensa sobre los crímenes de Estado que se estaban cometiendo en aquel periodo. Según los organismos de derechos humanos al menos se ejecutaron 30.000 desapariciones en el país. Videla desenmascaraba así su plan de ocultamiento y de producción de “personas sin entidad”.

Pero un grupo de madres, reunidas en la Plaza de Mayo, desbarató sus planes. Ellas y sus pañuelos blancos que hoy simbolizan la lucha por la “memoria, verdad y justicia”, exigían saber qué pasó con sus desaparecidos y el paradero de los hijos que nacieron en cautiverio. Fue en 1984 cuando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y las Madres de Plaza de Mayo pidieron la colaboración de varios expertos para la búsqueda y exhumación de restos. Al poco tiempo nacía el Equipo de Antropología Forense Argentino, hoy conocido en todo el mundo por sus labores de identificación de personas desaparecidas en conflictos armados y crímenes de lesa humanidad. En Argentina logró restituir 800 identidades y espera hacerlo con otros 600 restos.

Encontrar los cuerpos de aquellos que fueron llevados contra su voluntad es clave tanto para las familias como para aportar evidencia ante la justicia. Hace unos días, la Universidad de Innsbruck y el Equipo de Antropología Forense Argentino confirmaron la identidad de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en el año 2014 en Ayotzinapa, en el Estado mexicano de Guerrero. Estos nuevos hallazgos vuelven a poner en entredicho la versión oficial de los hechos sostenida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. No es el único caso en el que se comprueban irregularidades durante la investigación, pero sí uno de los pocos en los que se está avanzando.

Los grupos de DD HH estiman que la “guerra contra el narco” ha dejado 150.000 desaparecidos en México. Sin embargo, los familiares no suelen denunciar porque desconfían o tienen miedo de la autoridad o porque piensan que nada cambiará

México es uno de los países de América Latina que tiene más desapariciones forzadas, junto con Colombia, Guatemala, Perú, Chile, El Salvador y Argentina. Desde 2006 a 2019, durante “la guerra contra el narcotráfico”, en la que se militarizó la seguridad pública mexicana, hubo 73.218 personas desaparecidas según la declaración oficial del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el pasado 13 de julio.

Según el registro de las organizaciones de familiares esta cifra sería mucho mayor, se estima que unas 150.000 personas están desaparecidas. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) también lo creen: “El número oficial es inferior a la realidad y esto se debe a que la mayoría de desapariciones no se notifican”. Según la coordinadora de investigación de este organismo, Lucía Chávez, las víctimas no suelen denunciar porque desconfían o tienen miedo de la autoridad o porque piensan que nada cambiará. Razón no parece faltarles porque, según el Poder Judicial Federal, solo existen en el país 27 sentencias en el caso de las desapariciones forzadas y solo 13 son condenatorias.

Es por eso que en México como en el resto del continente las familias siguen buscando a sus hijos “literalmente con pico y pala”. El Equipo de Antropología Forense Argentino y otros grupos independientes les dan una segunda oportunidad. Trabajan a petición de comisiones de investigación o de las propias organizaciones familiares, a las que, en algunos casos, también instruyen.

Leticia Hidalgo, Letty para los amigos, lleva nueve años buscando a su hijo Roy. Cuando denunció la desaparición se encontró con toda clase de dificultades, esto la animó a fundar la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León para superar las trabas que sufren las familias en el proceso de denuncia y seguimiento de las causas.

Según Leticia, madre de un joven desaparecido en México, el día en que un grupo de hombres se llevó a su hijo, vio a dos personas que tenían uniforme de policía. También notó esta complicidad durante la investigación

La desaparición forzada es un tipo de crimen que se lleva a cabo por agentes públicos: militares, policías, marina. En algunos casos se realiza con la colaboración del crimen organizado. Según Leticia, el día en que un grupo de hombres se llevó a su hijo, vio a dos personas que tenían uniforme de policía. También notó esta complicidad durante la investigación.

“Me di cuenta de que no estaban investigando, de que las cosas no cuadraban y de que había complicidad entre los propios policías que llevaban el caso. De hecho en el momento que estuve cerca de tener un rastro claro el proceso se detenía y nadie me decía porqué”, cuenta Leticia. Fue así que ella y otros familiares aprendieron a cotejar datos, investigar personas, seguir pistas y diseñar interrogatorios. Después de años investigando en el caso de su hijo, seis personas fueron detenidas y solo una imputada.

Aún con estos avances no pudo saber el paradero de su hijo. Como a otras madres les ocurría algo similar iniciaron la búsqueda en el campo. Capacitadas por equipos forenses independientes rastrillan kilómetros y kilómetros de tierra. Hoy, nueve años después, tienen un equipo de búsqueda integrado por ellas mismas y desde 2019 por arqueólogos y antropólogos forenses voluntarios. “Decidimos hacerlo porque no podíamos esperar a que los detenidos confesaran y porque vimos cómo trabajan algunos de los equipos de búsqueda de restos: los trataban como si no fueran nada, para nosotras son restos humanos, pertenecen a alguien”, cuenta Leticia.

Desde que iniciaron esta labor encontraron miles de restos humanos y a unas 20 personas vivas. “Cada hallazgo se celebra como si fuera propio, siempre encontrar a algún muchacho vivo nos abre la esperanza de que podamos encontrar a los que nos faltan”. Otro de los problemas que tienen es que, aunque tengan los restos y el ADN, aún así no se pueden identificar porque no existe un banco de datos genéticos homologados a nivel nacional.

Existe un patrón en el estado de Nuevo León (México) y es que, en algunos casos, son los propios policías municipales los que entregan a chicos jóvenes en edad productiva al crimen organizado para el llamado “reclutamiento forzado”

Pista tras pista fueron viendo que existe un patrón en el estado de Nuevo León y es que, en algunos casos, son los propios policías municipales los que entregan a chicos jóvenes en edad productiva al crimen organizado para el llamado “reclutamiento forzado”. Ella piensa que algo parecido le pudo pasar a su hijo.

Esta es una de las causas de desaparición forzada según dice la investigadora Lucía Chávez, pero no la única. Otra de las prácticas comunes que han ido documentando son las ejecutadas por los Fuerzas Armadas. En algunos operativos detienen a personas, las llevan a instalaciones militares, las interrogan utilizando métodos de tortura y a veces las acaban asesinando y enterrando en una fosa común clandestina.

En ocasiones, las personas que desaparecen lo hacen en medio del fuego cruzado entre los militares y el crimen organizado. En el caso de los migrantes, lo que han constatado desde la CMDPDH es el abuso y en algunos casos secuestro y desaparición que sufren durante el tránsito por México hacia Estados Unidos. Estas violaciones estarían siendo perpetradas por el crimen organizado y en algunos casos en complicidad con las fuerzas armadas o policiales. Otro de los colectivos más vulnerables son los niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación sobre la creciente desaparición de niños en el país, en torno a un 30% de acuerdo al último informe de este organismo.

Las desapariciones de mujeres, si bien no son los principales objetivos de la desaparición ejecutada por agentes públicos, sí lo son en las desapariciones por otros actores. Las cifras públicas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas muestran que hasta enero de 2019 del total oficial el 25% son mujeres. Siendo aún más preocupante en el Estado de México que asciende al 46%. Según el artículo de la investigadora mexicana del Centro de Estudios e Investigaciones Superiores en Antropología Social, Scherezada López, las desapariciones de mujeres y adolescentes tienen que ver con la explotación laboral. En algunos casos tienen como destino la prostitución forzada y en otros las obligan a trabajar en maquilas.

México cuenta hoy con la Ley General sobre Desaparición y Desaparición Forzada que entró en vigor en 2018 y que permite la coordinación entre los diferentes estados a través de La Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales de búsqueda y las fiscalías especializadas en desaparición.

Lucía Chávez percibe estas acciones como positivas pero insuficientes. Según ella, el Gobierno actual ha dado pasos en el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos en el país, cosa que el anterior Gobierno invisibilizaba, pero le falta determinación. “López Obrador declaró que existe una crisis humanitaria en México y que la violencia se asemeja a otros conflictos de la región, pero no se ha atrevido a responder en consecuencia”. Según la CMDPDH, el país está atravesando un conflicto armado interno que necesita soluciones acordes al cúmulo de desapariciones y la escalada de violencia. La idea sería a través de tribunales especiales al estilo de Guatemala que logren investigar y castigar los crímenes y programas de reparación para las víctimas como se hace en Argentina, Chile y Perú.

“Necesitamos reformular el sistema de justicia que está hecho para atender la excepción de las leyes, en México vemos que esto no funciona, estamos en un conflicto armado interno, no podemos seguir tratando los casos como si fueran excepcionales, tenemos que atender las causas a través de mecanismos extraordinarios, fortaleciendo al mismo tiempo las instituciones de justicia que se han puesto en marcha”, explica Lucía Chávez.

México es un país de víctimas dicen desde el Gobierno. Ellas, a las que ningunean o criminalizan por buscar a sus seres queridos lo siguen haciendo a pesar de todo. Años y quizá una vida entera. Encontrar sus restos, saber su historia, quiénes estuvieron con ellos, cómo murieron o dónde están son algunos de sus anhelos. “¿A dónde van los desaparecidos?”, pregunta la canción del panameño Rubén Blades. ¿Cuál fue la suerte de Roy? Leticia no lo sabe. Lo que sí sabe es, que cuando sueña con él, siempre está vivo y feliz. Cuando se despierta sigue removiendo la tierra y ayudando a otras madres a encontrar a “sus muchachos” y así restituir la entidad que algunos quisieron borrar.



Andrea Ana Gálvez

El Salto

Créditos a la foto de cabecera: Leticia Hidalgo lleva nueve años buscando a su hijo Roy. Fundó la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León para superar las trabas que sufren las familias en el proceso de denuncia y seguimiento de las causas. / Imagen de Julio César Aguilar

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