Espionaje a periodistas y dirigentes, práctica ilegal habitual del gobierno de Macri

Bajo el gobierno de Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) organizó un espionaje masivo de periodistas, académicos, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, cámaras empresariales y otras instituciones.

La información, dada a conocer por diversos medios, se desprende de la presentación judicial realizada el viernes 5 de junio por la actual interventora y responsable de la reorganización del organismo, Cristina Caamaño.

La acción develada ahora tuvo como objetivo escudriñar y exponer en fichas datos personales de quienes se acreditaron para cubrir o participar de la Cumbre de  la Organización Mundial del Comercio (OMC) – celebrada en el país en Diciembre de 2017 – y la del Grupo de los Veinte (G20), que tuvo lugar en Argentina el 31 de Noviembre y el 1 de Diciembre de 2018.

Tales eventos debían servir a la administración macrista para catapultarse al escenario mundial como fiel vasallo de los mandatos del neoliberalismo, por lo que nada debía empañar tan preciado propósito.

Para la ocasión, los espías organizaron información detallada sobre 403 periodistas, 28 personalidades académicas y 59 referentes empresariales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

De manera ilegal, la agencia revisó los perfiles de redes sociales para establecer preferencias ideológicas, pero también bases de datos del Estado para recopilar datos laborales, financieros o filiaciones de parentesco

La información recogida sobre las y los trabajadores de prensa incluyó no solamente a posibles voces críticas, afines a la oposición o al movimiento antiglobalista, sino a muchos periodistas de los medios que blindaron comunicacionalmente al gobierno de Macri, como los del grupo Clarín, La Nación o Infobae.

Lo cual revela un móvil indudable: el temor de una administración elitista, sus resortes y asesores de seguridad, a que alguna voz disonante pudiera interferir en los glamorosos eventos.

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Junto a la causa ahora iniciada, la Justicia investiga a Macri y varios de sus funcionarios en otras cuatro causas en curso por diversas violaciones a la Ley de Inteligencia.

Entre ellas, la causa por espionaje ilegal que tuvo como blanco principal a la expresidenta y ahora vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner junto a numerosos dirigentes sociales, referentes sindicales y políticos.

Los expedientes contienen informes sobre infiltración de espacios opositores al macrismo, intercepción de correos electrónicos, grabaciones, fotografías y archivos armados por el órgano de inteligencia, el que según la legislación vigente tiene vedado el almacenamiento de información sobre personas que realicen actividades lícitas, como por ejemplo, pertenecer a una corriente política o verter información y expresar opiniones.

En las acciones de espionaje, reveló el martes 9 de junio Página 12 en una nota de Sofía Caram y Raúl Kollman, estuvo involucrado un conjunto de “policías, agentes, abogados, periodistas, policías bonaerenses, narcos y barras bravas”, lo cual, más allá de la manifiesta ilegalidad de las acciones, expone la cercanía del gobierno de Macri a entornos delincuenciales.

Presión y extorsión contra jueces, filtraciones y operaciones de prensa, espionaje masivo e ilegal a periodistas y opositores; el repertorio mafioso de acciones que fuera denunciado repetidas veces en los cuatro años de desgracia neoliberal, comienza a quedar expuesto con abundante material probatorio ante la Justicia

Justicia que espera a su vez por su propio proceso de depuración y regeneración.

Más allá de los necesarios veredictos, la historia ya sentenció. El pueblo argentino eleva su voz y  exige “Nunca Más” a estas prácticas y a estos personajes.



Javier Tolcachier

Pressenza IPA

Créditos a la foto de cabecera: Imagen de Agencia Paco Urondo

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