Ingreso mínimo vital, hacer historia o repetirla

Tras la aprobación el pasado viernes 29 del ingreso mínimo vital, desde el lunes 1 de junio pueden leerse los últimos detalles en el BOE. La medida definida como histórica por sus impulsores y parte de la opinión pública, aún afronta suspicacias y resistencias tanto desde posturas que la consideran inviable, como voces que cuestionan el alcance de su ambición.

“Un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza”. Así definió el pasado viernes 29 el ingreso mínimo vital la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno Maria Jesús Montero en la rueda de prensa con la que Pablo Iglesias y Jose Luis Escrivá, se disponían a anunciar esta prestación no contributiva de la seguridad social con la que desde sus respectivos ministerios plantean acabar con la pobreza severa en el país.

“Hoy nace un nuevo derecho social en España”, defendía el vicepresidente segundo. Justicia social, eficiencia económica y seguridad material eran los ejes a destacar por el titular del ministerio de Derechos Sociales y agenda 2020. Quien cerraba aludiendo a la libertad: “No hay libertad si una persona tiene que gastar toda su energía en sobrevivir en lugar de en vivir (…) No hay libertad si no se llega a fin de mes”. Tras la intervención de Iglesias, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y migraciones pasaba a detallar la propuesta.

Desde la mañana del viernes el ingreso mínimo vital era trending topic. “Es un momento histórico”, “es una medida histórica” eran frases repetidas que daban cuenta de la centralidad que se le ha dado a esta herramienta semanas después de que se pusiera sobre la mesa. Integrantes del gobierno, de los partidos de la coalición, periodistas, sociólogos u otras figuras públicas, junto a perfiles de ciudadanos anónimos daban la bienvenida a esta medida.

Mientras, Escrivá desgranaba los datos fundamentales, la mayoría de ellos ya filtrados en las semanas precedentes. En cuanto a la cuantía, la renta garantizada será de 462 euros para los hogares unipersonales, una cantidad a aumentar en función de los adultos y menores que compartan la unidad de convivencia, hasta alcanzar un máximo de 1.100 euros. La medida alcanzaría a unos 850.000 hogares, afectando a 2,3 millones de personas. Según los estudios realizados por los equipos que han formulado esta medida, la mitad de estos hogares tendrían hijos a cargo, y 100.000 de las familias beneficiadas serían monoparentales, encabezadas en la inmensa mayoría de los casos por mujeres. 690.000 niñas y niños podrían beneficiarse de esta transferencia.  El presupuesto: tres mil millones de euros anuales.El importe de la ayuda es asimismo el umbral hasta el cual se puede optar a solicitarla. Es decir, solo las unidades familiares que ingresen por debajo de esa renta mínima podrán optar a cobrar el ingreso mínimo vital, que podrá abonárseles íntegro, o parcialmente hasta alcanzar el mínimo definido. La prestación deberá ser solicitada solo por un miembro de la unidad familiar que tenga entre 23 y 65 años. La fecha, a partir del 15 de junio. De ser aprobada la solicitud, se cobrará junio íntegro de manera retroactiva.

El gobierno ha anunciado asimismo que tiene identificadas unas 100.000 familias para quienes se tramitará la ayuda de oficio con el fin de que puedan cobrar cuanto antes. En términos nominales, el umbral a garantizar para una familia unipersonal sería de 5.538 euros.Como se venía anunciando, el ingreso será compatible con otras rentas salariales o subsidios. Acceder a un trabajo no implicaría una pérdida de ayuda equivalente al salario. Queda por definir cual será el máximo a sumar entre prestación y empleo.

Tabla: El Salto Fuente: Renta Mínica Vital, mayo 2020. Gobierno de España

Con esta propuesta, el Gobierno se marca como objetivo acabar con la pobreza severa para 1,6 millones de personas. Así, el ingreso mínimo vital pasa a convertirse a la vez en un mecanismo rápido de respuesta para la crisis económica y social que afecta al país, como en política de redistribución ya esbozada en el acuerdo de gobierno. Los 3.000 millones anuales de presupuesto ya anunciados suponen, según el gobierno, un salto en el porcentaje del PIB dedicado a protección social que permitiría a España acercarse a la media europea (0,4%)  en  en este ámbito.

LA EMERGENCIA ECONÓMICA PREEXISTENTE AL COVID 

En octubre de 2019, el informe del Estado de la Pobreza, publicado anualmente por EAPN, cifraba en 12,3 millones las personas que se encontraban en riesgo de exclusión social, 2,6 millones de personas se encontraban en pobreza severa, y el 55% de la población tenía algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes. Las estadísticas que correspondían al año 2018 daban cuenta una vez más de las grandes falencias redistributivas en el Estado español: pese al crecimiento del PIB desde el 2014 al 2018, la reducción en la tasa de pobreza fue mínima.

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En su informe EAPN alertaba que el 25% de la población más pobre aún no había salido de la crisis del 2008. En febrero, el relator de Naciones Unidas para la pobreza extrema, Philiph Alston rubricaba este diagnóstico, alertando de la desigualdad y las bolsas de pobreza en el país. Una dinámica, advertía, difícil de revertir, con un sistema de protección social fragmentado e ineficaz como el español. Este es el escenario en el que ha irrumpido la crisis económica derivada del Covid.

El proyecto de una renta mínima estatal no era ajeno para ninguna de las dos formaciones políticas que han promovido el ingreso mínimo vital cuando acabaron convirtiéndolo en compromiso en el marco del acuerdo de coalición. Podemos había incluido la renta básica universal en su programa europeo de 2014 para luego ir moderando sus ambiciones hasta proponer, en los comicios de la pasada primavera, una renta básica garantizada de unos 600 euros. 

Por su parte, Jose Luis Escrivá estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuando esta institución publicó, el otoño pasado, un estudio sobre rentas mínimas en el que se exploraban sus limitaciones y se proponía, en respuesta a una ILP sobre rentas mínimas presentada en 2017, un prestación no contributiva de la seguridad social similar a la que ahora se aprueba.  

Ya en el citado informe se apuntaba: “La definición de una última red de seguridad económica que ofrece protección a los hogares cuyos recursos son insuficientes es uno de los elementos característicos de los sistemas de protección social en la Unión Europea”, una Unión Europea que a través de su Consejo viene recomendando desde 2014 a España que “debemos mejorar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada”. 

Dejar de ser anomalía en la eurozona pasa por subir el presupuesto dedicado a la protección social. España muestra que no solo es uno de los países con más pobreza después de Reino Unido, sino que tras hacer un ejercicio de redistribución mediante transferencias económicas sigue siendo el segundo puesto en el ranking, esta vez detrás de Italia. Los 3.000 millones que el gobierno va a aportar para la concrección del ingreso mínimo vital supondrán que se eleva el gasto casi al 0,4 del PIB, que hoy por hoy, es la media europea. Se espera que esta medida amortigüe hasta cierto punto el golpe económico de la crisis. 

Por su parte, en las semanas más intensas del debate para materializar el ingreso mínimo vital, Iglesias firmaba junto a las ministra italiana Nunzia Catalfo, y laportuguesa Ana Mendes Godinho, al frente de ministerios similares al propio, una carta pública empujando para ampliar el debate de protección social al conjunto de la Unión Europea.

Pero las rentas europeas tienen también sus sombras. Un informe del Consejo Social de Europa advertía en 2019 de que la crisis del 2008 y la austeridad presupuestaria derivada de la misma estaba redundando en un achicamiento de los sistemas de protección. En un artículo sobre rentas mínimas publicado en este medio, el economista Julen Bollain señalaba cómo estas lógicas austeritarias también habían mermado la que se concibe como renta mínima más avanzada del estado, la vasca, recortando su importe y cobertura en los últimos años.

CELEBRACIÓN

El lunes 25 de mayo, pocas semanas de confinamiento después de la visita de Philiph Alston, el relator participaba en un debate online organizado por Oxfam Intermón. “Estoy agradecido de que me hayáis invitado y que se hayan escuchado mis informes”, decía satisfecho. Aunque hay un par de cosas que le preocupan: el umbral de la ayuda que calificó de muy bajo y las posibles trabas que puedan dificultar la cobertura aplicando un rigor burocrático que puede ser excesivo, apuntaba, señalando a Reino Unido, Estados Unidos o Australia como países que sufren esa problemática. “Hay que tener claro que el objetivo principal es ayudar a los más pobres y estar dispuesto a dar oportunides en lugar de rechazar solicitudes”. Así, Alston alertaba ante la condicionalidad.

La cuestión de la condicionalidad de la ayuda ha estado planeando sobre los debates y anuncios referentes al ingreso mínimo vital. Para optar a la ayuda el eventual beneficiaro deberá estar inscrito como demandante de empleo. Lo que aún no está claro es si se deberá mostrar la búsqueda activa de empleo para optar a la prestación, si bien fuentes del gobierno desecharon esa opción hace unas semanas, según contaban a El Salto. Entender el derecho al ingreso como algo complementario pero independiente a la inclusión laboral o social, era, según dicha fuente, una apuesta fundamental. 

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Tras haber retrasado en varias ocasiones el ingreso mínimo vital, el gobierno parece ser consciente de la urgencia para muchos hogares de recibir una ayuda cuando se encuentran en situación límite. Por ello, y dados los probemas de cobertura que se han señalado en las rentas mínimas, la propuesta desarrolla especialmente este tema: se prevé acceso telemático a la aplicación, la posibilidad de enviar las solicitudes por correo postal, la tramitación en los ayuntamientos con la ayuda de servicios sociales y la habilitación de un teléfono gratuito de ayuda. La solicitud podrá hacerse a partir del 15 de junio, y será retroactiva desde principios de mes. 

NO TAN HISTÓRICA

No todo el mundo se muestra entusiasmado con la implementación de esta medida. Si bien la crítica feroz en las redes al grito de “paguita” se ha ido moderando, quizás porque —tras mostrar el CIS que el ingreso mínimo vital cuenta con la aprobación de una parte muy elevada de la población, incluidos la mayoría de votantes de PP y Ciudadanos y una porción considerable de los de Vox— esa batalla cultural haya perdido atractivo, pues hasta el partido de Santiago Abascal, aún crítico con la formulación de la medida, ha admitido la necesidad de este tipo de herramientas. 

Sin embargo, otros actores han puesto en duda la medida por considerarla poco ambiciosa y valorar que más que cambiar la historia repite las falencias del resto de subsidios. Así, se cuestiona que, más allá de las voluntades expuestas en el papel, la cobertura sea realmente mayor a la que ya alcanzan las rentas mínimas. También señalan que en autonomías con rentas garantizadas mejor dotadas como puede ser Euskal Herria o Navarra, el ingreso mínimo vital no mejorará las condiciones de vida de las personas.

El hecho de que la renta sea otorgada a las familias genera recelos entre quienes alertan de la relaciones de poder dentro de los hogares y apuestan por transferencias individuales. Asimismo, al contrario de lo que sucede con la Renta Garantizada vasca o la Renta Social de la Coruña, la ayuda excluye, salvo en el caso de las víctimas de trata o violencia, a inmigrantes en situación irregular.

“El Ingreso Mínimo Vital que plantea el Gobierno de España nace ineficaz e insuficiente tal y como diversos colectivos sociales vienen advirtiendo desde el inicio del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria”, afirmaban desde el  Plan de Choque Social el pasado jueves. “Decepción e indignación es lo que sentimos por el hecho de que en unas circunstancias históricas de excepcionalidad como las que vivimos el Gobierno no haya ni siquiera contemplado la posibilidad de establecer una renta básica de cuarentena”, completaban.

“La propuesta del gobierno español, a la espera de los trámites con los que se aplicaría, no llega a garantizar en ningún caso salir del riesgo de pobreza para las personas que se podrían beneficiar, un umbral que se fija en los 750 euros”, reza por otra parte un comunicado conjunto de los sindicatos CO.BAS, COS, CGT Catalunya, CNT, IAC y Solidaritat Obrera, que es también crítico con la Renta Garantizada catalana a la que acusan de tramitar solo el 10% de las solicitudes. Este grupo de sindicatos, reclama por contra “introducir una Renta Básica de cuarentena y con carácter retroactivo que garantice ingresos de manera universal e incondicional” .

En un debate sobre el tema celebrado el pasado martes, el doctor en sociología Sergi Raventós juzgaba la cobertura y el importe también insuficientes: “No llega al umbral de la pobreza. Quienes trabajamos con colectivos vulnerables sabemos que con eso la gente no puede vivir, y tiene que hacer todo tipo de chanchullos y virguerías para buscarse la vida con otro tipo de ingresos”. El integrante de la red renta básica alertaba de que el ingreso no llegaría a las personas pobres que suman 10 millones en el país y habrían aumentado tras la pandemia. 

Tras señalar que a Iberia se le va a dar mil millones, Marta Sánchez de Ron, de la Marea Básica, se expresaba así: “Es un ingreso ínfimo, mínimo y vergonzoso”.

El 21 de marzo la red internacional Unconditional Basic Income Europe lanzó ante esta situación una petición para responder al problema. Llamó a líderes europeos y la EECB para introducir inemdiatamente capacidad finaciera y establecer recursos para apoyar a todos los países en la introducción de una renta basia universal. 

Una encuesta encargada por Red Renta Básica ilustraba que una mayoría de residentes estaría a favor de esta medida. Siendo la aceptación particularmente alta entre jóvenes.



Sarah Babiker

El Salto

Créditos a la foto de cabecera: Imagen de José Manuel de Laá en Pixabay

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