El ingreso mínimo vital se abre camino entre el estigma y las dudas respecto a su implementación

El anuncio de un ingreso mínimo vital ha soliviantado a una parte de la esfera partidaria que impugna la idea en su totalidad. Mientras, quienes están familiarizados con la forma en la que funcionan renta mínimas y subsidios alertan sobre las dificultades de implementación de esta medida.

Se supone que es un meme gracioso. La imagen es la de una muñeca barbie, está embarazada y lleva tres bebés colgando de distintas partes de su cuerpo. Luce un poco menos blanca que la muñeca original y va acompañada de la leyenda: “Barbie planera. Viene con tarjeta alimentaria y novio en la cana”. El chiste es argentino, planeros son en la jerga de aquel país la gente que vive de los subsidios, “los planes sociales”, la tarjeta alimentaria, una ayuda para acceder a comida, la cana es la cárcel donde estaría la pareja de este estereotipo de mujer: pobre, parasitaria, teniendo hijos para cobrar más subsidios.

Esta broma que circulaba por las redes sociales de Argentina el otoño pasado, cuando accedía al poder Alberto Fernández, al que se asocian las políticas sociales del peronismo, hacía mofa explícita a costa del estigma que viene asociado a los subsidios. Más de cuatro décadas atrás, en los Estados Unidos de Ronald Reagan, el objeto de aversión eran las welfare queens, como se denominaba despectivamente a las mujeres negras, madres solas en muchos casos, a las que se presuponía un abuso de las ayudas del Estado.

Con motivo del anuncio de la próxima implementación de un ingreso mínimo vital por parte del gobierno de coalición, en las últimas semanas el término despreciativo “paguita” ha empezado a inundar las redes, protagonizando trending topics. Si bien en el largo periodo electoral que dejamos atrás solo en diciembre, ya circularon profusión de fake news señalando a las personas migrantes como beneficiarias “inapropiadas” de ayudas.

Con el anuncio de la implementación de un ingreso mínimo vital, en las últimas semanas el término despreciativo “paguita” ha empezado a inundar las redes

Esta nueva oleada de “la paguita” aún no ha devenido en un adjetivo con el que estigmatizar a los perceptores de subsidios y, en concreto, a los eventuales beneficiarios de lo que la diputada de Vox, Inés María Cañizares, calificaba en la sesión de control de miércoles 22 de abril de “ayuda envenenada que conduce a la pobreza y a un régimen autoritario”. En pocos segundos los conceptos clave: Cuba, Venezuela, chavista, comunista, bolivariano eran eficazmente recitados por Cañizares en su intervención, ubicando esta ayuda anunciada pero aún no del todo perfilada por el Gobierno, en el centro de las batallas culturales de la política española.

Más allá de la batalla cultural, el ingreso mínimo vital está suponiendo una medida dífícil de acordar, concretar y comunicar. “Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”, esbozaban apenas los partidos de la coalición sobre lo que sería esta prestación de la seguridad social en su acuerdo de gobierno. Mucho por definir y poco tiempo para dotar de contenido a este esbozo, con la llegada de una crisis económica brutal que ha arrasado en pocas semanas con el empleo.

Hasta ahora la información ha ido cayendo por goteo. Se ha anunciado que la cuantía sería en torno a 500 euros, variando según la composición de los hogares. Que llegará a unos tres millones de personas, lo que supondría un millón de familias. Se ha dicho al mismo tiempo que optarán a ella quienes perciban menos de 200 euros de renta y que será compatible con algún trabajo en caso de que este sea muy precario. Se ha explicado que se prevé la continuidad en el tiempo.

Este ingreso mínimo vital aterriza en un complejo ecosistema de rentas garantizadas o rentas mínimas autonómicas, e incluso rentas a nivel municipal desde algunos ayuntamientos. Lejos de la batalla ideológica y desde la premisa de que una cobertura amplia de las necesidades materiales de la sociedad es necesaria, quienes conocen de cerca cómo funcionan estos mecanismo de mitigación de la pobreza alertan respecto a los límites con las que la voluntad del Gobierno puede toparse.

RENTAS MÍNIMAS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA

“Con el confinamiento los Servicios Sociales están cerrados y la gente no tiene acceso a asesoramiento directo para las gestiones relativas a la Renta Mínima de Inserción”, empieza Hontanares Arranz, trabajadora de los Servicios Sociales en el municipio de Alcorcón. Arranz forma parte de RMI tu derecho, un colectivo que defiende los derechos de las personas perceptoras de ayudas como la renta mínima garantizada de la Comunidad de Madrid, señalando las disfunciones en el acceso a este subsidio.

Al estar los registros también cerrados se ha habilitado que se presenten las solicitudes en las oficinas de correo. Pero nuevos obstáculos surgen: la necesidad de presentar fotocopias en un contexto de confinamiento, la petición de documentación como el certificado de escolaridad ahora que los colegios están cerrados: “La gente no sabe dónde hay que presentar las solicitudes que se pueden descargar de internet, y además muchos tampoco pueden hacerlo por falta de competencias digitales”, alerta la trabajadora social.

Desde la plataforma se preguntan qué hacer ante esta situación: “Nos llegan muchas consultas que no son fáciles ya de resolver, y las dificultades van a ser cada vez más graves si esto se extiende”, entre ellas personas con la RMI suspendida o a las cuales se les ha extinguido el derecho deben hacer frente a la incertidumbre, explica. 

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Arranz piensa que hay cierta confusión en torno a cómo se aplicaría un ingreso mínimo vital en este ecosistema complejo de prestaciones, y sospecha que el hecho de que hubiese sido pospuesta —antes de la crisis del covid-19— al 2021, está relacionado con las arduas negociaciones con las comunidades autónomas que se requieren. “Entonces veo difícil sacarlo adelante satisfactoriamente en este momento en el que todo es un pulso político polarizado”.

Arranz, integrante de RMI tu derecho, teme que haya problemas de armonización entre las distintas rentas y ve problemática la implementación de tantas medidas específicas

La integrante de RMI tu derecho teme que haya problemas de armonización entre los distintos subsidios y ve problemática la implementación de tantas medidas específicas. “Con la casuística de ahora es una locura, todas estas diferencias por grupos que está planteando el ejecutivo es muy desesperante, y se acaban experimentando complicaciones en todas las ayudas, que se plantean como muy amplias, pero en la letra pequeña, es mucha gente la que se queda afuera”.

Arranz, que además pertenece a la Marea Básica, colectivo que reclama una renta básica universal, también en este contexto de emergencia, aboga por el acceso automático a este ingreso mínimo vital, para evitar los derroteros burocráticos. Por lo que ha leído, no parece que la cosa apunte hacia esta simplificación: “Parece que habría hasta 12 modalidades, muérete, yo es que no sé si quiero conocer el borrador”, ironiza.

UNA INICIATIVA MUNICIPAL

Llegar allí donde la comunidad autónoma no llega. Esta era la idea que subyacía a la renta social municipal de A Coruña, una de las medidas estrellas de la Marea Atlántica, que gobernó el ayuntamiento de la ciudad entre 2015 y 2019.

“Nos hubiese gustado llegar más lejos con la renta social municipal que pusimos en marcha en 2016, pero sí alcanzamos a gente que se quedaba fuera de la RISGA (Renta de Inserción Social de Galicia), trabajadores precarios, inmigrantes en situación irregular”. Silvia Cameán, en aquel momento concejala de Justicia Social y Cuidados recuerda la lucha por implementar esta medida como un camino lleno de obstáculos, tanto ideológicos como jurídicos.

“Nos topamos con problemas de competencias, recurrimos a la competencia municipal de acción directa ante colectivos en riesgo de exclusión social. Pero la vía era dar ayuda de emergencia, que no podía ser periódica”. Al final, consiguieron dar una continuidad de seis meses con dos renovaciones posibles, también lograron que la renta municipal pasara de ser subvención —lo que entrañaba un mayor control de los gastos de los beneficiarios con el consiguiente estigma— a subsidio.

Pero por el camino se dejaron uno de sus objetivos: posibilitar, junto a una modalidad de renta asociada a un itinerario de inserción laboral, otra libre de este condicionante. Esta apuesta no condicionada no pudo prosperar. Ahora, desde la oposición, trabajan en una propuesta que avanza hacia la incondicionalidad y rebajar los requisitos junto a otras mejoras. 

“Lo ideal sería una renta básica estatal”, considera Cameán señalando que un ingreso mínimo vital afianzaría el principio de igualdad que queda socavado por la desigual cuantía y cobertura de las rentas mínimas, según la comunidad autónoma e incluso, como en su caso, el Ayuntamiento. Y aunque señala, como Arranz, la confusión que hay aún entorno al tema, y teme que haya de nuevo gente que quede afuera, afirma: “Que exista esa voluntad ya me parece una buena noticia”.

LA MEJOR DE LAS RENTAS TAMPOCO LLEGA

Si una renta mínima es señalada como ejemplar en el Estado español, esa es la renta de garantía de ingreso (RGI) de Euskadi. “Entiendo por qué: la cuantía (650 euros) es la más generosa y es compatible con otros ingresos, lo que evita la trampa de la pobreza que otras rentas no compatibles con el trabajo generan”, resume Julen Bollaín, quien fuera parlamentario de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco. Sin embargo, Bollaín, integrante de la Red Renta Básica, señala los “errores estructurales” de este tipo de rentas condicionas, que se traducen en una cobertura limitada. Según este economista, el 30% de las personas que están en situación de pobreza quedan fuera de la RGI, del 70% que la percibe solo la mitad saldría de la pobreza.

Bollaín explica que si bien la renta es un derecho subjetivo que debe ser garantizado, eso no ha evitado que se recortara su cuantía, desligándose en 2011 del salario mínimo interprofesional, ni su alcance, con el endurecimiento de los requisitos para optar a ella. Pone el foco así mismo sobre el cáracter estigmatizante de la medida.

¿Cómo interactuaría la propuesta del ingreso mínimo vital con una renta de las características de la vasca, imperfecta pero después de todo la más funcional del estado? Para el militante de Elkarrekin la clave está en cómo se va a aplicar la complementariedad. Es decir: “Si la nacional complementa a las autonómicas o las autonómicas a la nacional. Si es el primer caso, que es el que veo, sería un error”.

Bollaín señala que, dadas las condiciones que aparentemente tiene el ingreso mínimo vital, muchos perceptores que cobran la RGI quedarían fuera. “Pero si es al revés, si son las rentas autonómicas las que complementan la estatal, sí que sería un avance, porque entonces la estatal la interpretaríamos como un suelo, un suelo de 500 euros el cual se de a todas las personas que cumplan ciertos requisitos”.

Si son las rentas autonómicas las que complementan el ingreso mínimo vital, esto sería un avance, porque entonces esta renta estatal la interpretaríamos como un suelo de 500 euros para todas las personas que cumplan ciertos requisitos

Aunque sea contrario a la condicionalidad, Bollaín saluda la hipótesis de que las comunidades puedan complementar dicho piso. Teniendo en cuenta, entre otros factores, el diferencial en el  coste de la vida. El experto atempera el entusiasmo y recuerda que “en casi todos los países europeos existe una renta estatal, hay datos y evidencias de dónde fallan y sabemos que existen errores estructurales que se dan con este tipo de renta”.

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El excaso margen para la inversión en gasto social que permite la regla de gasto en la Unión Europea acaba erosionando la cobertura de estas medidas, que alcanzan, según Bollaín, a entre un 20 y un 60% de la gente a la que se dirige. A este problema se le unen, “los altos costes burocráticos y la estigmatización que se asocia a estas ayudas”.

EL ESTIGMA DEL SUBISIDIO AGRARIO

En los días más álgidos del debate virtual sobre el ingreso mínimo un acrónimo se hace paso entre los twitteros más críticos con estas ayudas. El PER. Los planes de empleo rural, que se confunden con el subsidio agrario, son, en la narrativa que impugnan subsidios y ayudas como forma de desincentivar el trabajo y fomentar el parasitismo, un clásico recurrente. “Hay un cierto discurso denigrante hacia Andalucía que nos acusa de ser un peso financiero para los otros. Pero nosotros hemos vivido en primera persona la descapitalización de nuestras sociedad”, responde desde Córdoba el profesor de derecho agrario Antonio Manuel Rodríguez Ramos.

“Los mismos argumentos de derecha, extrema derecha e incluso iglesia sobre el ingreso mínimo vital se han escuchado antes sobre el PER”, recuerda Rodríguez Ramos. “Lo primero que hay que hacer es desmitificarlo: solo un cuarto de los jornaleros en Andalucía han podido percibir alguna vez el PER. Que además es una miseria, quienes se llevan realmente las ayudas son los propietarios, un 6% de ellos se llevan hasta 6.000 millones de PAC. Solo el 15% de eso es para el PER”, denuncia Rodríguez Ramos.

De hecho el PER ya no se llama PER si no Programa de Fomento de Empleo Agrario, (PFEA) en un intento de desmarcarlo del estigma, explica el profesor. Estos planes son herederos de una institución prexistente, el trabajo comunitario. El PER, fondos que administran los ayuntamientos para generar empleo a través de obra pública o creación de infraestructuras, llega con la entrada de España a la Comunidad Económica Europea, posibilitando de hecho, según explica Rodríguez Ramos, mantener el arraigo de la población respondiendo a la falta de trabajo agrario.  

Para Rodríguez el PER fue la compensación por desmantelar el tejido económico andaluz como peaje a la entrada a Europa, dejando además atrás la reforma agraria de 1984 que permitía multar a los propietarios por mantener sin sembrar la tierra y hasta desposeerles de la misma durante doce años si reincidían. “Entonces sonaba normal y ahora suena revolucionario”, observa.

Natural de Almodóvar del Río e hijo de jornaleros, este doctor en derecho tiene una cosa clara: “Los que trabajan en el campo no quieren subsidio, es el modelo el que les ha condenado a subsidio. Y es que no hay tajo, y no puede haberlo si se arrancan las vides de los viñedos y los olivos de los olivares: no hay futuro para la Andalucía del siglo XXI sin acceso a la tierra y losrecursos”, zanja.

SOLO PARA LOS MÁS VUNERABLES

En la batalla cultural en torno al ingreso mínimo vital, el Gobierno ha insistido en que las ayudas llegarán aquellas personas más vulnerables. De hecho, no se plantea como una ayuda individual sino que tendrá como referente las familias y se definirá según sus recursos y su composición.

En una entrevista con eldiario.es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá insistía en este carácter focalizado en familias pasando situación de clara necesidad. A falta de saber los detalles todo apunta a que requisitos y condicionalidad van a ser restrictivos. En plena crisis de empleo, el ministro insistía en que la medida vendría acompañada de programas de inserción laboral.

Para las ayudas a las empresas que han entrado en ERTE a raíz de la crisis, sin embargo, las condiciones han sido más anchas. En la misma entrevista el ministro aduce la necesidad de agilizar los trámites. Por otro lado, para conocer el poder adquisitivo real de las familias y saber si optan a este ingreso mínimo vital se tendrá en cuenta el valor de sus bienes inmuebles. Una medida que no se ha aplicado a la hora de excluir como grandes tenedores a quienes tienen más de diez viviendas en alquiler.



Sarah Babiker

El Salto

Créditos a la foto de cabecera: David F. Sabadell

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