«El estado de alarma permite racionar la distribución y consumo de bienes de primera necesidad»

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura Gabriel Moreno responde a algunas de las cuestiones que sobrevuelan estos días.

¿Se pueden prohibir las manifestaciones? ¿Tendremos libertad de movimiento? ¿Hará falta intervenir la sanidad privada en esta crisis del coronavirus? El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura Gabriel Moreno González responde a algunas de estas cuestiones que sobrevuelan estos días. 

Gabriel Moreno, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura

¿Qué tiene que pasar para que se declare el estado de alarma y qué implicaría su declaración?

El estado de alarma es el primero de los estados excepcionales que la Constitución prevé y, en concreto, la Ley Orgánica que lo regula contempla la posibilidad expresa de declararlo en caso de epidemias. Permitiría una mayor coordinación por parte del Estado central sobre el conjunto de administraciones públicas, la posibilidad de requisar bienes e imponer prestaciones personales a determinados colectivos e intervenir empresas si así se determinara por motivos de interés general, lo que cobra particular importancia en esta crisis debido a la existencia de la red de sanidad privada.

¿Debería hacerse, desde su punto de vista?

La Constitución permite, en su artículo 128.2, intervenir empresas privadas cuando así lo exigiere el interés general, y así se contempla también en la Ley Orgánica que regula el estado de alarma. Según mi humilde criterio, si se necesitaran los medios de la sanidad privada, el Estado no solo está habilitado para intervenirla, sino que tendría una obligación expresa en la medida en que debe prevalecer, siempre, el bien común sobre espurios intereses particulares

¿Hasta dónde puede llegar el Estado en las prohibiciones? ¿Cuáles son los límites? Es decir, qué sería constitucional y qué no en esta crisis. Por ejemplo, con la avalancha en los supermercados, ¿se podría establecer una especie de racionamiento? 

Más en estos artículos relacionados  La desigualdad en el acceso al empleo registra la brecha más grave de la última década

El estado de alarma ya permite racionar la distribución y consumo de bienes de primera necesidad e imponer órdenes para asegurar el abastecimiento. Además, la normativa sanitaria actualmente en vigor, y especialmente la Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, le permite al Estado un amplio margen de discrecionalidad para poder intervenir en la sociedad de cara a solucionar crisis de este tipo. Ahora bien, si la epidemia no se contuviera y se quisieran adoptar medidas más contundentes, como la suspensión de derechos fundamentales de manera generalizada, se necesitaría acudir a figuras jurídicas más contundentes, incluida la posibilidad del estado de excepción. Este permitiría, por ejemplo, suspender el artículo 19 de la Constitución, que es el que reconoce el derecho a la libre circulación, y establecer restricciones generales de movimiento bajo la amenaza de sanción y/o detención preventiva.

¿Con el estado de alarma se habría evitado el 8-M? ¿Qué riesgos toman los derechos fundamentales?

El estado de alarma no afecta, en inicio, al derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución y que es el que contempla el derecho de manifestación. La autoridad gubernativa, no obstante, podría haber prohibido esa manifestación concreta por motivos de orden público e interés general, y con la normativa sanitaria actual en la mano. Si se quisiera suspender de manera generalizada este derecho fundamental debería acudirse, en último término, al estado de excepción, que es más gravoso que el de alarma.


Olivia Carballar

lamarea.com

Créditos de la foto de cabecera: Imagen de Ulrich Dregler en Pixabay 

Entradas relacionadas

Deja tu comentario